El Gobierno cubano insiste en combatir las “noticias falsas”. En la práctica, esa etiqueta puede servir para algo más: marcar los límites de lo que se puede decir sobre el país.
Cuando la versión oficial no domina la conversación, llega el “desmentido”. Y con él, un mensaje de fondo: la última palabra la tiene el Estado.
Un marco legal que deja margen a la discrecionalidad
En Cuba existe un entramado normativo que regula lo que circula en internet y en redes. El Decreto-Ley 35 incluye referencias a la prohibición de difundir “informes o noticias falsas”, dentro de un enfoque de ciberseguridad y telecomunicaciones.
A esto se suma el Decreto-Ley 370, citado por organizaciones internacionales como una norma usada para sancionar publicaciones consideradas “contrarias al interés social” o a la “moral”. El problema está en lo amplio de esas categorías.
Con conceptos tan abiertos, el control no depende solo del texto. Depende de quién decide qué es “falso”, “dañino” o “contrario al interés social”.
El “vacío informativo” y la reacción dirigida
En contextos muy centralizados, el Estado también controla por omisión. Cuando hay silencio institucional o pocos datos verificables, crece el espacio para rumores y lecturas parciales.
En ese escenario, el “desmentido” funciona como cierre de la discusión. No siempre aporta pruebas completas. A veces solo busca fijar el marco: qué tema importa y qué versión se considera válida.
Al mismo tiempo, el monitoreo de conversaciones públicas permite medir reacciones. Y después ajustar el discurso, o escoger qué negar y qué ignorar.
El modelo no es exclusivo de Cuba
Otros gobiernos han aprobado leyes que mezclan la lucha contra la desinformación con herramientas de castigo o censura.
En Nicaragua, la Ley Especial de Ciberdelitos contempla sanciones cuando se difunde “información falsa y/o tergiversada” en ciertos supuestos. Críticos de esa norma han advertido que puede usarse contra voces incómodas.
En Rusia, varias normas castigan lo que el Estado considera información falsa o “desacreditación” sobre el Ejército y otras entidades. El resultado práctico es un fuerte efecto de autocensura.
En Venezuela, la llamada Ley contra el Odio ha sido señalada por organizaciones de prensa como un instrumento que puede presionar medios y redes, con sanciones severas.
Hay ejemplos fuera de América Latina. En Singapur, la ley POFMA permite emitir “correction directions” y otras órdenes cuando una autoridad considera que circula una falsedad y que corregirla es de “interés público”. El debate gira en torno a la concentración de poder en el Ejecutivo para decidir qué se corrige.
Cuando el verificador es el poder
La diferencia clave no es si un país combate la mentira. Es quién verifica, con qué transparencia, y qué controles existen.
Si el Estado se convierte en árbitro único, la etiqueta de “falso” deja de ser un criterio técnico. Pasa a ser un instrumento político. Ese patrón aparece en análisis académicos sobre desinformación en contextos autoritarios, donde la acusación de “fake news” se usa para controlar e intimidar.
En Cuba, además, el ecosistema mediático regulado limita la aparición de verificadores independientes con alcance real dentro de la isla.
Este contenido refleja exclusivamente la opinión de su autor y no tiene por qué coincidir con la línea editorial del medio que lo publica.