La Fiscalía General de la República de Cuba ha publicado un artículo en su web oficial donde hace referencia a la necesaria actualización del procedimiento confiscatorio por enriquecimiento indebido. 

En el texto de fecha 12 de septiembre sostienen que este proceso, vigente en Cuba desde el año 1994, “presenta un alto nivel de obsolescencia y urge perfeccionar su aplicación”. 

Según precisan, el objetivo es “lograr una mayor efectividad e igualdad para las partes, como paradigma del respeto a los derechos fundamentales y la factibilidad de eliminar las insuficiencias legislativas que limitan las garantías de los sujetos de aplicación del Decreto Ley 149 de 1994”.

La legislación de hace casi 30 años se implementó como “reclamo de la mayoría de nuestro pueblo”, asegura la Fiscalía. Se decidió en aquel entonces, “encargar al Consejo de Estado, la adopción con la celeridad requerida, de medidas eficaces y ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, acumulando riquezas y bienes materiales, al margen de lo legalmente establecido”.

El propio órgano señala que cuenta con “las facultades legales para investigar y sustanciar el procedimiento”. Para ello, el fiscal debe probar la vía o fuente de enriquecimiento y la desproporción entre los ingresos lícitos percibidos por el expedientado y el valor real de su patrimonio. 

FISCALÍA DE CUBA ENRIQUECIMIENTO

Asimismo, sostiene que “corresponde al afectado demostrar la licitud de los ingresos utilizados en el acrecentamiento de su patrimonio, sin perjuicio de la obligación de la Fiscalía de comprobar la legalidad de los mismos o de acreditar los ingresos en caso de que el expedientado no lo hiciese”.

El sitio web de la Fiscalía pone a disposición de los cubanos un artículo de la Fiscal Provincial de Las Tunas sobre “el procedimiento confiscatorio por enriquecimiento indebido, propuesta para su perfeccionamiento en Cuba”.

Allí, se califica como necesaria la actualización del proceso “conforme a las disposiciones de la nueva carta magna aprobada en referendo realizado el 24 de febrero de 2019”. De ahí que se propongan modificaciones a las normas y procedimientos administrativos confiscatorios vigentes, “que garanticen bajo un marco de estricta legalidad y garantías para los ciudadanos la defensa de los intereses del Estado”.

En esencia, indica que la extinción de dominio (incautación de bienes, a los particulares) es una “tendencia moderna para el enfrentamiento a la corrupción en varios países”. 

La noticia ha recordado las palabras del dirigente cubano Esteban Lazo Hernández, quien dijo recientemente: “La sanción que más le duele a la gente aquí es que le quiten las cosas, más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad tal por violar la ley, porque aquí hay que respetar las leyes de este país”.