Cuba anuncia medidas para acercar a los emigrados y facilitar su aporte económico, pero la Ley de Migración que elimina los 24 meses continúa sin entrar en vigor.
El Bufete de Servicios Especializados (BES) de Villa Clara recordó recientemente que vivir fuera de Cuba no implica, por sí solo, perder la residencia en el territorio nacional, incluso si la persona obtuvo residencia o ciudadanía en otro país.
Según esa aclaración, mantienen la residencia quienes salieron de la isla desde enero de 2013 y regresaban antes de los 24 meses hasta marzo de 2018, así como quienes salieron a partir de marzo de 2018, aunque no hayan vuelto, siempre que respetaran las regulaciones migratorias vigentes. Esa interpretación se apoya en lo explicado el 28 de junio de 2024 en la televisión nacional por el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Límite de 24 meses fuera de Cuba para conservar la residencia
La Ley 1312 de Migración, modificada por el Decreto-Ley 302, mantiene en el papel el límite de 24 meses fuera de Cuba para conservar la residencia, salvo que la persona regrese o tramite una prórroga justificada. Sin embargo, desde marzo de 2020 ese límite quedó suspendido “hasta nuevo aviso” por decisión del MINREX, primero a raíz de la pandemia y luego mediante sucesivas extensiones, con prórroga automática y sin costo para quienes superaron los 24 meses en el exterior. En la práctica, miles de cubanos que se marcharon durante esos años siguen figurando como residentes en el territorio nacional, aunque lleven largo tiempo sin regresar.
En julio de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 171 de Migración, que elimina formalmente el límite de 24 meses y la categoría de “emigrado” por exceder ese plazo, sustituyéndola por el concepto de residencia efectiva migratoria. Esa norma define como residentes efectivos a quienes pasan la mayor parte del año en Cuba o demuestran arraigo mediante una combinación de tiempo de permanencia y otras evidencias, y reconoce también la figura de residente en el exterior. Pero el propio BES advierte que la Ley 171 aún no está vigente: falta la firma del presidente, su publicación en Gaceta Oficial y un plazo de 180 días para que entre en vigor, de modo que, por ahora, todo sigue descansando en prórrogas administrativas y no en un marco legal actualizado.
Díaz-Canel promete “medidas nuevas” para los cubanos fuera
En este escenario, marcado por una diáspora creciente desde 2021, Miguel Díaz-Canel aprovechó una comparecencia reciente para colocar en primer plano la relación con los cubanos que residen o prolongan su estancia en el exterior. El gobernante insistió en que el gobierno tiene la “responsabilidad” de acoger, escuchar y propiciar espacios de participación para quienes quieren aportar al desarrollo económico y social del país, y resaltó que muchos de esos emigrados son profesionales y técnicos formados en el sistema educacional cubano. También subrayó que esa comunidad mantiene vínculos culturales y, en no pocos casos, actitudes de apoyo y solidaridad hacia la isla en momentos de crisis.
El mandatario aseguró que en el último año se desarrollaron numerosos encuentros con cubanos en el exterior, tanto generales como sectoriales, organizados por la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, de los cuales salió un “dossier” con preocupaciones, trabas y propuestas. A partir de esos insumos, afirmó que el Buró Político y el gobierno analizaron un paquete de nuevas acciones para “resolver casi en la totalidad” los planteamientos de la diáspora y facilitar su presencia y participación en el programa de desarrollo económico y social. Sin adelantar detalles, adelantó que se construyó “una plataforma” más flexible y menos cargada de trámites, con medidas que calificó de “muy novedosas”, y anunció que el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, explicará este lunes 16 de marzo en televisión qué se ha decidido respecto a los cubanos residentes en el exterior.
Expectativas altas y una pregunta clave para la diáspora
La combinación de estos elementos —Ley 171 aprobada pero detenida, prórrogas migratorias prolongadas y promesas de nuevas facilidades económicas para emigrados— coloca a la diáspora cubana frente a un punto de inflexión. En teoría, la residencia efectiva migratoria y el fin del límite de 24 meses deberían cerrar uno de los capítulos más conflictivos de la política migratoria cubana, que durante décadas castigó con la pérdida de derechos a quienes se quedaban fuera más tiempo del permitido. Pero mientras la Ley 171 no entre en vigor y el gobierno no publique las “acciones novedosas” anunciadas, muchos cubanos en el exterior seguirán sin saber con certeza qué pasa con su condición migratoria, sus propiedades y su capacidad real de invertir o trabajar en el país sin obstáculos adicionales.
El BES, desde Villa Clara, lanza un mensaje práctico: hoy por hoy, la mayoría de quienes salieron desde 2013 y respetaron las normas vigentes mantienen su residencia cubana, amparados por las prórrogas “hasta nuevo aviso”. La gran incógnita para ellos está en el próximo paso: si las medidas que el gobierno promete para “acoger y facilitar” a los emigrados vendrán acompañadas, por fin, de la entrada en vigor de la Ley 171 y de reglas claras que sustituyan las excepciones temporales por derechos reconocidos en la ley.
