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ICE conserva 91.000 millones en fondos para deportaciones hasta 2029, calcula un análisis

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ICE conserva unos 91.000 millones de dólares en fondos para deportaciones y detención de inmigrantes hasta 2029, según un análisis del American Immigration Council.

El cálculo corresponde a octubre de 2026 y recoge recursos aprobados previamente, no una nueva asignación del Congreso de Estados Unidos.

El análisis presupuestario, publicado el 17 de noviembre, sitúa en 57.600 millones el saldo de la One Big Beautiful Bill Act. Otros 33.400 millones proceden de la Secure America Act.

Fondos para deportaciones fuera del presupuesto anual

La Secure America Act, promulgada el 10 de junio de 2026, asignó 69.500 millones de dólares a operaciones migratorias y fronterizas. El reparto incluye 38.500 millones para ICE, 26.000 millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y 5.000 millones generales para Seguridad Nacional.

El American Immigration Council explica que los recursos de ICE financian principalmente personal y tareas de control migratorio. Entre sus usos figuran los traslados entre centros de detención, las deportaciones y el apoyo operativo.

La ley también permite reembolsar a gobiernos estatales y locales que participan en acuerdos 287(g). Estos convenios autorizan a determinados agentes locales a desempeñar funciones federales de control migratorio.

Los fondos están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029. La ley no exige distribuir el gasto por años, por lo que las agencias pueden acelerar su utilización antes de esa fecha.

Tampoco impide solicitar asignaciones adicionales mediante el proceso presupuestario ordinario. Si el Congreso aprueba esas partidas, se sumarían a los recursos extraordinarios ya concedidos.

¿Qué podría hacer el Congreso?

El informe distingue el dinero disponible de las obligaciones presupuestarias: estas últimas incluyen compromisos de pago, no solo desembolsos realizados.

La organización plantea cancelar saldos todavía no comprometidos o restringir nuevos contratos de detención, contrataciones y operaciones. Esas propuestas requerirían aprobar legislación, sujeta a la firma presidencial o a un posible veto.

Otra alternativa sería limitar la capacidad de detención o impedir transferencias entre cuentas. Estas restricciones controlarían el uso del dinero sin reducir necesariamente la cantidad concedida.

Negar nuevas partidas anuales no recuperaría automáticamente los fondos ya otorgados. El Congreso también puede celebrar audiencias, exigir planes de gasto y solicitar auditorías sobre contratos y compras.


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