La prensa oficialista de Cuba ha informado que 203 empleados estatales han sido condenados a penas de prisión de entre 2 y 22 años por diversos delitos. 

Entre los delitos se encuentran la malversación, el cohecho, la falsificación de documentos, la sustracción y daños a documentos u otros objetos en custodia oficial, y la violación de sellos oficiales, reportó Granma este domingo.

Los condenados, pertenecientes a empresas estatales de la Habana en los sectores de alimentos, gastronomía y tabaco, ocasionaron «pérdidas millonarias» al país mediante diversas artimañas, incluyendo la manipulación contable, tal como se describe en el extenso artículo.

Las auditorías forenses realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en varias empresas provinciales y subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos revelaron un sistema de control interno deficiente. Como resultado, se identificaron responsabilidades administrativas que llevaron a la aplicación de 383 medidas disciplinarias.

Los presuntos delitos fueron presentados a los órganos de instrucción del Minint, dando lugar a los correspondientes procesos penales. La Fiscalía realizó el control de la investigación y ejerció la acción penal ante los tribunales, informó el citado medio.

SANCIONES ILEGALIDADES CUBA

Las sanciones impuestas oscilaron entre dos y 22 años de privación de libertad, en correspondencia con la responsabilidad en los hechos probados. 

El diario oficialista señaló la necesidad de “mayor rigor y de una actuación consecuente, frente al descontrol administrativo y contable”.

Asimismo, aseguró que estos hechos permitieron a sus perpetradores “apropiarse, para beneficio propio, de materias primas y mercancías que el Gobierno destina a la alimentación de la población”. También, “de gran cantidad de efectivo que no se ingresó al sistema bancario con total impunidad, por un periodo de tiempo, en ocasiones excesivamente prolongado”.

En el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los dirigentes cubanos afirmaron que la lucha contra la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales “es una tarea de todos”. La consideraron “una prioridad estratégica” para el Partido, el Estado, el Gobierno y las organizaciones de masas y sociales.