En Texas, dos iniciativas de ley fueron aprobadas recientemente por la Cámara de Representantes de dicho estado. Se trata de las iniciativas H.B. 7 y H.B. 800, las cuales serán promulgadas por el gobernador Greg Abbott. Una de ellas está dirigida a los traficantes de personas (coyotes) y la otra a los extranjeros sin autorización de entrada. Por tanto, ambas están diseñadas para paliar la vorágine de la inmigración indocumentada.

Lo cierto es que, luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgara la ley H.B. 1718, se concretan los proyectos de Texas. Estos, patrocinados por republicanos que controlan ambas cámaras de la Asamblea. 

La H.B. 1718, de Florida plantea el uso obligatorio del sistema federal de verificación de empleo E-Verify. También, obliga a los hospitales que reciben Medicaid a preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.

Además, dicha ley exige a los empleados estatales colaborar en asuntos migratorios, y prohíbe las licencias de manejar de indocumentados emitidas por otros estados. 

Pero, ¿qué establecen específicamente las dos iniciativas de ley de Texas?

Los proyectos H.B. 800 y H.B. 7 poseen  el objetivo de detener el tráfico de personas o el funcionamiento de casas para ocultarlos.

Lo que hasta hoy era una pena de entre 2 y 10 años de cárcel, con el proyecto aumenta a  un mínimo de 10 años. Esto, por cada indocumentado que se transporte al estado.

No obstante, el castigo podría aumentar a 15 años si el acusado es declarado culpable de más de un delito. Es decir que las sentencias por esos delitos deben correr simultáneamente entre sí. A menos que otra disposición de la ley aplicable al delito contemple un mínimo de pena de prisión de 15 años o más. 

Además, dependiendo de la gravedad del delito también pueden aumentar las penas. Para ello existen varias condicionantes. 

Si la persona traficada sufre lesiones corporales graves o la muerte; o si se trata de un niño o menor de edad. También pueden aumentar las penas si el delito se cometió para obtener un beneficio pecuniario; o si el traficante portaba un arma de fuego. De igual manera sucedería el aumento del castigo si el extranjero traficado se convirtió en víctima de agresión sexual; o la persona muere.

Por otra parte, el proyecto de Ley H.B. 7 plantea la creación de una Unidad de Protección Fronteriza (BPU). Esta intenta evitar por todos los medios  la entrada ilegal al estado de Texas, de quienes pretendan evadir los controles de seguridad federales.

Además, también permite la creación de las llamadas “cortes de protección fronteriza” que determinarán las compensaciones a las víctimas por daños causados por «extranjeros ilegales». Refiriéndose aquí a sus propiedades en la región fronteriza.

Lo cierto es que de promulgarse estas leyes no solo se castigaría el delito de tráfico de personas, sino que se criminalizaría a los indocumentados.