Las deportaciones a El Salvador de marzo de 2025 llegan este martes 29 de septiembre al pleno de un tribunal de apelaciones, que revisará si puede continuar una investigación por desacato contra el Gobierno de Donald Trump.
Los 11 jueces en activo del Circuito del Distrito de Columbia examinarán si James Boasberg puede seguir investigando la actuación de funcionarios federales. La audiencia no decidirá si alguien cometió desacato ni supondrá una imputación automática.
Una orden judicial y dos vuelos
El caso comenzó el 15 de marzo de 2025, cuando Estados Unidos envió a unos 238 migrantes a El Salvador. La mayoría eran venezolanos, aunque entre los trasladados también había salvadoreños. El Gobierno invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a personas que vinculaba con el Tren de Aragua, sin darles una audiencia previa.
Boasberg ordenó frenar las expulsiones mientras dos aviones estaban en el aire. También indicó que las personas afectadas debían regresar a Estados Unidos. Los vuelos aterrizaron en El Salvador y gran parte de sus pasajeros terminó bajo custodia salvadoreña en el Centro de Confinamiento de Terroristas, conocido como CECOT.
Los venezolanos recluidos en esa prisión fueron trasladados meses después a Venezuela. Su salida del centro penitenciario no resolvió la disputa judicial sobre la orden que estaba vigente cuando llegaron los aviones.
El alcance de la investigación por desacato
En abril de 2025, Boasberg halló causa probable para creer que el Gobierno había incumplido deliberadamente su orden. Después, el Tribunal Supremo anuló la medida que frenaba las expulsiones porque los migrantes debían presentar sus impugnaciones en los distritos donde estaban detenidos.
Para Boasberg, esa decisión posterior no impedía examinar una posible desobediencia anterior. El Gobierno, por su parte, sostiene que el juez excedió sus facultades al continuar con las diligencias.
Un panel dividido del tribunal de apelaciones ordenó detener la investigación el 14 de abril de 2026. Su mayoría consideró improcedente que el juez siguiera indagando sobre el traslado de los migrantes a custodia salvadoreña. Ahora el pleno reconsiderará ese fallo.
En el expediente judicial figura Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, como la funcionaria que el Gobierno identificó como responsable de la decisión de transferir a los detenidos. Que Boasberg pueda retomar la investigación no significaría, por sí solo, que ella sea acusada formalmente.
Los deportados también reclaman una audiencia
El proceso por desacato es distinto de otra disputa sobre los derechos de los hombres enviados al CECOT. En una audiencia celebrada el viernes 25 de septiembre, tres jueces escucharon argumentos sobre su posibilidad de impugnar las acusaciones de pertenencia al Tren de Aragua.
Ese tribunal también debe examinar si los tribunales estadounidenses pueden atender las reclamaciones después del traslado a El Salvador. Entre las opciones planteadas para escuchar a los afectados figuran audiencias a distancia o su regreso a Estados Unidos.
