Las deportaciones a terceros países desde Estados Unidos alcanzan a unas 23.000 personas, según expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.
La estimación forma parte de un pronunciamiento conjunto de 23 relatores y otros especialistas. Los firmantes sostienen que los acuerdos para recibir a personas expulsadas involucran a por lo menos 35 Estados. La cifra no indica durante qué periodo ocurrieron los traslados.
Países latinoamericanos incluidos en los acuerdos
Entre los países mencionados figuran Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Guatemala. La relación también incluye a Honduras, México, Panamá y Paraguay. Los acuerdos permiten que Estados Unidos envíe migrantes a un país distinto del que proceden.
Los expertos cuestionan la transparencia de esos convenios. A su juicio, quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del seguimiento independiente de los derechos humanos. También sostienen que los traslados pueden vulnerar el principio de no devolución.
Ese principio busca impedir que una persona sea enviada a un lugar donde su vida o su seguridad corran peligro. La estimación difundida no desglosa las nacionalidades de los migrantes, por lo que no permite establecer cuántos cubanos podrían estar entre ellos.
El riesgo de un segundo traslado
Los firmantes advierten que algunos países reciben a los migrantes solo de manera temporal. Según su denuncia, después puede producirse otra expulsión hacia un tercer destino. Esa cadena de traslados dificulta que las personas afectadas puedan plantear sus necesidades de protección.
Los especialistas también denuncian presiones y amenazas para que algunos migrantes soliciten regresar a su país de origen. Advierten que ese retorno podría exponerlos a los riesgos de los que buscaban protección.
El grupo, encabezado por Gehad Madi, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, pidió a los países receptores suspender los acuerdos. Reclamó además que las personas afectadas tengan acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.
La postura estadounidense y la disputa judicial
La representante adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Jennifer Locetta, defendió una reforma del sistema internacional de asilo. Sostuvo que los países de origen deben asumir responsabilidades frente al desplazamiento forzado y planteó un mayor papel en el retorno de refugiados.
Locetta también afirmó que el sistema de asilo necesita cambios para evitar solicitudes fraudulentas, según la posición expuesta por la delegación estadounidense. Esa postura contrasta con el reclamo de los expertos de garantizar que cada migrante pueda acceder a un examen justo de su caso.
Por otra parte, el Gobierno estadounidense acudió a la Corte Suprema para solicitar que le permita continuar las deportaciones a terceros países. La petición siguió a una decisión judicial que frenó las expulsiones rápidas bajo ese procedimiento.
