Los expertos definen el nuevo cuerpo legal como un verdadero «azote para los indocumentados», y además para quienes estén vinculados a estos.

La nueva ley entrará en vigor a partir del seis de febrero de 2024. Se trata de la ley SB4, la cual castigará severamente a aquellas personas que sean descubiertas transportando o albergando a inmigrantes indocumentados.

Dicho estatuto fue firmado el pasado martes por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su importancia radica en que con ella, el tráfico de personas, se convierte en un delito grave y conlleva una pena mínima de prisión de 10 años.

Por otra parte, la SB4 forma parte de un paquete de proyectos de ley fronterizos y de inmigración de Abbott. En este sentido, hay que acotar que el gobernador de Texas ha buscado, de varias maneras, detener la entrada de inmigrantes indocumentados al estado.

De igual modo, las personas involucradas pudieran obtener una reducción de la sentencia por tráfico humano a cinco años. Esto dependería de que colaboraran  con las autoridades en otras investigaciones.

Sin embargo, en medio de este contexto, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) lanzó una advertencia sobre los derechos humanos y civiles. Alega la advertencia que algunos de esos derechos pudieran ser violados en Texas con este, y otros proyectos de ley antiinmigrantes.

La otra cara de la moneda…

Ante el recrudecimiento de este tipo de medidas antiinmigrantes, varias naciones han expresado su inconformidad. Honduras y México son ejemplo de ello.

La Secretaría de Relaciones Exteriores del país azteca denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.

En tal sentido, el  Gobierno mexicano reconoció el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. Sin embargo «rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano».

La preocupación azteca ante el paquete de medidas legislativas es más que evidente. Su planteamiento es que afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.