El Gobierno cubano suavizó la exigencia de permisos para montar paneles solares en casas particulares. La decisión llega después de días de críticas, dudas y malestar por una medida que complicaba aún más el acceso a una alternativa energética en plena crisis de apagones.
La rectificación no elimina por completo el requisito. Aun así, sí reduce el alcance de una norma que había generado rechazo por su carga burocrática y por la falta de claridad oficial.
¿Qué cambió tras la polémica?
La confirmación del cambio llegó este miércoles por vías oficiales. Según lo informado, ya no será obligatorio pedir permiso en todos los casos para instalar paneles solares en viviendas.
A partir de ahora, el requisito se mantendrá solo en inmuebles ubicados en centros históricos y en edificios multifamiliares. En esos casos, las autoridades consideran que puede haber afectaciones al ornato o conflictos con otros vecinos.
Para el resto de las viviendas, la instalación quedará a “la libre voluntad del ciudadano”, según refirió el Periódico 26. El medio también señaló que no se aplicarán multas a quienes ya tengan paneles montados y que se cancelaron los trámites de permisos que seguían en curso.
La medida original sí estaba vigente
Aunque en medio de la controversia circularon versiones que minimizaban el alcance de la disposición, la exigencia del permiso sí era real. La norma había sido emitida por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, basado en una interpretación de un decreto ley de 2014.
La justificación oficial era que la colocación de paneles no debía verse como simple mantenimiento. Según explicó Tania Vázquez Góngora, subdelegada de esa entidad en Las Tunas, montar estos equipos en una vivienda “no es un mantenimiento; es una acción constructiva que modifica la estructura y la imagen de la ciudad”.
En Matanzas, el director municipal del INOTU, Julio César Hernández Santana, había dicho también que el proceso exigía “un trámite similar a una licencia de construcción”. Entre los pasos figuraban una “remisión al arquitecto de la comunidad” y la “evaluación técnica del lugar de instalación”. El permiso, además, costaría 68 pesos.
Presión ciudadana y marcha atrás
La reacción pública fue rápida. La combinación de apagones prolongados, trámites engorrosos y mensajes contradictorios terminó por aumentar el descontento.
En ese contexto, las autoridades decidieron flexibilizar la medida. La decisión fue tomada de forma conjunta entre el INOTU, la ONURE y la Empresa Eléctrica, según detalló Periódico 26. La periodista Yuni Moliner, que siguió de cerca el tema, también confirmó el cambio en sus redes sociales.
Moliner añadió que a quienes ya tienen paneles instalados se les harán visitas de asesoramiento técnico para corregir posibles fallos. Ese acompañamiento, explicó, tendrá un enfoque “educativo y de acompañamiento, con el objetivo de fomentar la expansión de la energía fotovoltaica”.
Persisten dudas sobre el control y la comunicación
La flexibilización alivia a muchas familias, pero no despeja todas las preguntas. Siguen las dudas sobre cómo se tomó la decisión inicial y por qué se comunicó de forma tan deficiente en un asunto tan sensible.
Periódico 26 consideró que la contraorden “podría interpretarse como una victoria, quizás pírrica, para el sentido común”. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos de instalaciones hechas sin supervisión suficiente.
El medio alertó que la expansión de paneles solares “sin control, o al menos sin que los organismos regulatorios sepan que existen, podrían generar accidentes, incendios por baterías mal ubicadas o conflictos vecinales eternos”. También señaló que colocar estos sistemas “probablemente sin toda la supervisión necesaria, sería peligroso”.
Moliner, por su parte, insistió en el problema de fondo: la comunicación oficial. A su juicio, lo ocurrido demuestra que se subestimó “el papel de la comunicación en tiempos de crisis”.
“No basta con tener una buena intención regulatoria; si el mensaje inicial es confuso, fragmentado o mal gestionado, el resultado es incertidumbre. Y en escenarios como el actual, la incertidumbre pesa más que cualquier regulación”, escribió.
