Más de 4000 cubanos fueron enviados desde Estados Unidos hacia México entre enero de 2025 y marzo de 2026, según un informe de Human Rights Watch publicado este 27 de mayo.
El documento describe expulsiones ejecutadas sin una revisión individual adecuada y con graves consecuencias para personas que llevaban años, incluso décadas, viviendo en territorio estadounidense.
Human Rights Watch documenta deportaciones masivas de cubanos
El informe, titulado «Casting Us Aside to Die», tiene 66 páginas y analiza las deportaciones de ciudadanos cubanos y de otros países hacia México.
La investigación se basa en entrevistas a 53 personas deportadas. Human Rights Watch asegura que ninguno de los entrevistados pudo impugnar su expulsión a México antes de ser enviado a ese país.
Según la organización, esa práctica viola garantías de debido proceso reconocidas en la ley estadounidense y en el derecho internacional.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, más de 18 mil personas de terceros países fueron deportadas por la administración Trump. De ellas, casi 13 mil terminaron en México.
Esa cifra equivale al 70 por ciento del total. Los cubanos aparecen como el grupo más numeroso, con 4353 deportados.
Cubanos con años de residencia en Estados Unidos
El perfil descrito por Human Rights Watch muestra una realidad especialmente dura para muchos cubanos.
La mayoría de los entrevistados tenía 60 años o más. Muchos padecían enfermedades crónicas y necesitaban tratamiento médico permanente.
Varios habían vivido en Estados Unidos durante años o décadas, sobre todo en Florida. Algunos habían llegado tras salir de Cuba por motivos políticos o por falta de oportunidades económicas.
El informe recoge casos de personas que formaron familias, abrieron negocios, compraron viviendas y dejaron hijos, nietos o parejas en Estados Unidos.
Del total de cubanos deportados, el 55 por ciento tenía una condena penal previa en Estados Unidos. Sin embargo, Human Rights Watch señala que se trataba principalmente de delitos no violentos.
Entre esos antecedentes aparecen conducir bajo los efectos del alcohol, falsificación de documentos o cargos menores por drogas.
Otro 16 por ciento tenía un cargo pendiente sin condena. El 26 por ciento no tenía ningún antecedente penal.
Solo el 16 por ciento tenía como delito más grave una condena por un hecho violento o potencialmente violento.
Denuncias por abusos durante la detención migratoria
El informe también recoge denuncias sobre las condiciones de detención antes de la deportación.
Los entrevistados hablaron de hacinamiento, temperaturas extremas, comida deficiente y falta de atención médica adecuada.
Algunos reportaron maltratos físicos y verbales por parte de guardias durante su estancia bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
Human Rights Watch afirma que varios cubanos fueron expulsados sin documentos, sin dinero y sin sus pertenencias personales.
Tras la deportación, muchos fueron enviados a Tapachula, en Chiapas, y Villahermosa, en Tabasco. La organización describe esas ciudades como lugares con altos niveles de violencia y limitada capacidad para proteger a los recién llegados.
La investigación documentó que varios deportados duermen en parques o en las afueras de hospitales. Otros no tienen acceso estable a alimentos, refugio o medicamentos.
De los 41 cubanos entrevistados, 22 sufrían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y esquizofrenia. Según el informe, muchos no recibían tratamiento en México.
«Nos están abandonando aquí para morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles», declaró Harold A., un cubano de 58 años identificado con seudónimo.
El asilo en México deja a muchos cubanos en un limbo
Para muchos deportados, el asilo aparece como casi la única vía para obtener estatus migratorio en México.
El problema, según Human Rights Watch, es que numerosos cubanos vivieron fuera de la isla durante décadas. Eso dificulta demostrar un temor fundado de persecución en Cuba.
La organización también advierte que el proceso de solicitud es lento y que la agencia mexicana de refugio no cuenta con recursos suficientes.
Otro dato incluido en el informe apunta a la reducción de fondos desde Estados Unidos para la agencia de la ONU para los refugiados en México.
Esa financiación bajó de 50 millones de dólares en 2024 a 8 millones en 2025, según Human Rights Watch.
Hasta abril de 2026, una ley mexicana exigía identificación válida para viajar a otros estados. Esa norma limitaba el movimiento de los deportados y los dejaba atrapados en las ciudades donde habían sido enviados.
Human Rights Watch pidió al gobierno de Estados Unidos garantizar una revisión individual de cada caso antes de cualquier expulsión. También instó a México a ofrecer refugio, atención médica y una vía hacia un estatus legal estable para los deportados.
