Cuba avanza hacia un nuevo sistema nacional de identificación que integrará datos registrales, biométricos y digitales. El proyecto también impondrá obligaciones sobre el domicilio y permitirá aplicar multas ante determinados incumplimientos.
La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó para consulta ciudadana el proyecto de ley “Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio”. La futura norma sustituiría el Decreto Ley 248, vigente desde 2007.
La propuesta consta de 73 artículos y regula desde la expedición del carné de identidad hasta el uso de una identidad digital certificada por el Ministerio del Interior.
Un registro con rostro, voz, iris y huellas digitales
Uno de los puntos más relevantes aparece en el artículo 61. El Registro de Identidad Personal y Domicilio almacenaría datos biométricos de ciudadanos cubanos y extranjeros residentes.
La información incluiría el rostro, las huellas digitales, la firma, la voz y el iris. También se registrarían el color de la piel, el color de los ojos y la estatura.
Estos datos se unirían a la información del nacimiento, la ciudadanía, el sexo, los padres y los abuelos. Cada persona tendría un número de identidad permanente, único e invariable, salvo excepciones previstas en el futuro reglamento.
El Ministerio del Interior quedaría encargado de dirigir, ejecutar y controlar todo el sistema. La Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía administraría los registros.
Lea tambiénPasajero queda parcialmente fuera de un avión tras romperse una ventanilla en pleno vueloLos cubanos deberán mantener actualizado su domicilio
La propuesta obliga a ciudadanos cubanos y extranjeros residentes a mantener actualizado su domicilio. Cada persona solo podría tener uno registrado.
El domicilio se define como el lugar donde alguien reside habitualmente o pretende establecer condiciones de vida estables. La autoridad podrá valorar la presencia física y otras evidencias de permanencia.
Cuando una persona abandone una vivienda, deberá inscribir su nueva dirección en el registro correspondiente. El cambio también implicaría actualizar el carné de identidad.
La inscripción del domicilio no otorgaría derechos de propiedad, ocupación, usufructo o arrendamiento sobre el inmueble. Tampoco legalizaría construcciones no autorizadas ni ocupaciones ilegítimas.
Los propietarios podrán cancelar domicilios inscritos
Los propietarios tendrían nuevas responsabilidades. Deberán informar qué personas están domiciliadas en sus viviendas y comunicar cuándo termina una ocupación temporal.
El titular también podría cancelar el domicilio de una persona registrada en su inmueble. Esta posibilidad no se aplicaría cuando compartan derechos de propiedad o usufructo, ni en casos protegidos por la ley.
Los arrendadores autorizados podrán permitir que sus inquilinos registren el domicilio durante la vigencia del contrato. Al concluir el alquiler, deberán notificar el cese de esa condición.
El proyecto aclara que un propietario puede tener su domicilio registrado en una vivienda distinta a la que posee.
El carné de identidad será obligatorio desde los 16 años
El carné seguirá siendo el documento válido para acreditar la identidad dentro de Cuba. Los ciudadanos deberán mostrarlo cuando lo soliciten autoridades, agentes o funcionarios públicos durante sus funciones.
Los representantes legales de menores de 16 años deberán portar permanentemente sus documentos de identidad. Además, tendrán que mostrarlos cuando una autoridad los requiera.
La norma contempla la emisión de un nuevo carné por cambio de domicilio, pérdida, robo, deterioro, renovación o modificación de datos personales.
El documento incluiría el número de identidad, nombres, apellidos, sexo, foto, firma, domicilio, fecha de vencimiento y medidas de seguridad. También incorporaría zonas de lectura mecánica.
El Ministerio del Interior controlará la identidad digital
La ley introduce una identidad digital vinculada con la identidad física de cada persona. Serviría para autenticarse y realizar trámites en las plataformas oficiales del Estado.
El Ministerio del Interior sería el único organismo facultado para proveerla y certificarla. También definiría al proveedor único de identidad digital del país.
Los ciudadanos y extranjeros residentes tendrían que solicitar esa identidad digital. Sin embargo, el proyecto establece que su ausencia no podrá limitar otros derechos reconocidos por la Constitución.
El acceso a los registros se realizaría mediante sistemas automatizados y procedimientos electrónicos. Los funcionarios autorizados solo podrían consultar la información para verificar la identidad de una persona.
La futura norma contempla multas y otras sanciones
El proyecto clasifica las contravenciones como menos graves, graves y muy graves. Las sanciones podrían afectar tanto a personas naturales como a empresas, organismos estatales y negocios privados.
Las medidas previstas incluyen multas y la suspensión o revocación de la certificación de identidad digital.
Si una multa no se paga dentro del plazo establecido, su importe podría aumentar hasta el doble. El reglamento definiría las conductas sancionables, los montos y las autoridades facultadas para imponerlas.
Las decisiones administrativas podrían impugnarse mediante recursos de reforma y alzada. Una vez agotada esa vía, la persona afectada tendría acceso a la vía judicial.
La ciudadanía puede enviar opiniones y propuestas al correo [email protected]. El texto todavía es un proyecto y deberá ser analizado por los diputados antes de su aprobación definitiva.
