Una decisión judicial acaba de cambiar el panorama para muchos profesionales extranjeros que buscan trabajar legalmente en Estados Unidos.
La medida afecta a un programa muy usado por empresas tecnológicas, universidades, hospitales y otros sectores que dependen de trabajadores especializados.
Un juez federal bloquea una tarifa millonaria
Un juez federal anuló este lunes el requisito que obligaba a pagar 100000 dólares para solicitar visas H-1B, una categoría destinada a profesionales extranjeros con alta calificación.
La decisión fue emitida por el juez de distrito Leo Sorokin, con sede en Boston. Según el fallo, el presidente Donald Trump no tenía autoridad para imponer esa tarifa por decisión propia.
El caso tiene un impacto directo en empresas y solicitantes que veían la nueva exigencia como una barrera casi imposible de asumir.
El Congreso tiene la autoridad sobre este cambio
Sorokin sostuvo que solo el Congreso podía modificar la política federal de inmigración para imponer una carga económica de ese tipo.
En su decisión de 42 páginas, el magistrado señaló que los legisladores no habían delegado al poder ejecutivo la facultad de crear ese requisito.
“El presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B”, escribió el juez en el fallo.
La frase resume el punto central de la sentencia. Para la corte, la administración no podía convertir una solicitud migratoria en un trámite sujeto a una tarifa tan elevada sin autorización legislativa.
Qué son las visas H-1B
Las visas H-1B permiten que profesionales extranjeros trabajen en Estados Unidos en ocupaciones consideradas especializadas.
Los solicitantes deben contar, por lo general, con una licenciatura o una formación equivalente. Estas visas suelen usarse en áreas como tecnología, ingeniería, salud, educación, investigación y finanzas.
La visa tiene una duración inicial de 3 años. Luego puede renovarse por otros 3 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Este programa resulta clave para compañías que buscan cubrir puestos altamente técnicos. También beneficia a trabajadores extranjeros que aspiran a una oportunidad laboral formal en Estados Unidos.
Una política cuestionada desde su origen
La tarifa de 100000 dólares había sido impuesta por Trump como parte de un intento de restringir el uso del programa H-1B.
Según el argumento de la administración, este tipo de visa se estaba utilizando en exceso. Sin embargo, varios estados consideraron que la medida excedía las competencias presidenciales.
La demanda fue presentada en diciembre por una coalición de fiscales generales estatales demócratas. El proceso avanzó hasta que el juez Sorokin decidió dejar sin efecto la política.
En su fallo, el magistrado rechazó los argumentos del Gobierno. La administración sostenía que la ley federal de inmigración le daba margen al presidente para hacer cambios amplios.
Pero el juez concluyó que esas normas no otorgaban facultad para imponer impuestos o tarifas de esa magnitud dentro del sistema migratorio.
Impacto para empresas y trabajadores extranjeros
La anulación de la tarifa representa un alivio para solicitantes y empleadores. Una exigencia de 100000 dólares habría dejado fuera a muchos profesionales y a compañías sin capacidad para asumir ese costo.
Economistas citados por CNN han defendido que el programa H-1B ayuda a mantener la competitividad de empresas estadounidenses. También sostienen que puede contribuir al crecimiento de negocios y a la creación de más empleos dentro del país.
La decisión judicial no elimina los requisitos habituales de la visa H-1B. Tampoco garantiza la aprobación automática de solicitudes.
Lo que sí hace es frenar una carga económica extraordinaria que podía cambiar por completo el acceso al programa.
CNN en Español informó que contactó al Departamento de Justicia para solicitar comentarios sobre el fallo.
