El debate sobre si Cuba permitirá el uso de Starlink, el sistema de internet satelital de SpaceX, volvió al centro de la discusión pública después de que Miguel Díaz-Canel declarara en la Asamblea Nacional que los cubanos en el exterior podrán invertir y aportar tecnología en el país.
El anuncio que reavivó la discusión
Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Díaz-Canel aseguró que «todo ciudadano cubano, residente en Cuba o en el exterior que esté interesado en invertir, donar, aportar tecnología, abrir un mercado o levantar un proyecto en el país, contará con un marco claro, estable y respetuoso». La declaración forma parte del paquete de reformas económicas presentado ante el parlamento.
La afirmación generó una pregunta inmediata entre ciudadanos dentro y fuera de la isla: si el gobierno dice estar dispuesto a recibir inversión y tecnología desde el exterior, ¿permitirá también servicios de internet satelital como Starlink, que operan al margen del monopolio de ETECSA?
Starlink como prueba de fuego
La red satelital de SpaceX permite conexiones a internet que no dependen de la infraestructura terrestre tradicional. Para muchos cubanos, representa una alternativa frente al control estatal de las telecomunicaciones, agravado por los apagones que dejan fuera de servicio las radiobases de ETECSA durante horas o días.
Estados Unidos ya puso el tema sobre la mesa en abril de 2026, cuando propuso al gobierno cubano permitir el acceso a internet mediante los satélites de Starlink durante reuniones celebradas en La Habana. La oferta incluía una conexión gratuita y rápida en toda la isla, pero el gobierno cubano no ha dado una respuesta pública.
Decomisos y contradicciones
Mientras el discurso oficial habla de apertura tecnológica, en la práctica las autoridades han mantenido el control. En junio de 2026, la Aduana de Cienfuegos decomisó cuatro cargamentos de antenas Starlink que ingresaban al país. Las regulaciones cubanas mantienen bajo control estatal la importación, instalación y uso de equipos de telecomunicaciones, y el Código Penal prevé penas de hasta ocho años de prisión para quienes usen sistemas de conexión no autorizados.
La investigadora cubana Salomé García señaló en una publicación en Facebook que el país arrastra una experiencia reciente de incomunicación durante momentos de crisis política. Recordó las 72 horas sin internet que siguieron a las protestas del 11 de julio de 2021 y advirtió que la conectividad en Cuba está hoy «casi en los mismos niveles, o peores, que en el año 2021».
Una apertura con límites
Las reformas anunciadas por el gobierno se concentran en la economía: inversión extranjera, sector privado, comercio exterior, gestión empresarial, subsidios, agricultura, energía y digitalización administrativa. No se ha anunciado el fin del monopolio de ETECSA ni una autorización abierta para servicios de internet satelital como Starlink.
La pregunta que circula entre cubanos dentro y fuera de la isla es si la apertura económica incluirá también una apertura informativa. Permitir Starlink significaría aceptar una forma de conectividad difícil de controlar desde las estructuras tradicionales del Estado. Por ahora, el gobierno no ha dado señales de estar dispuesto a ceder en ese terreno, y las antenas decomisadas en Cienfuegos sugieren que la política oficial sigue siendo la del monopolio estatal de las telecomunicaciones.
