Líderes comunitarios, exlegisladores y el alcalde de South Miami reclamaron este martes 22 de septiembre la cancelación del acuerdo 287(g) de Doral con ICE.
Reclamo frente al Ayuntamiento de Doral
Los participantes rechazaron el argumento de que las autoridades locales estaban obligadas a sumarse al programa federal. La protesta se realizó frente al Ayuntamiento de Doral.
El exrepresentante federal Joe García criticó la decisión municipal y cuestionó la respuesta posterior de sus dirigentes. «Podrían haber elegido tener compasión y eligieron ser crueles», afirmó.
Javier Fernández, alcalde de South Miami, presentó como ejemplo la decisión de su ciudad de no firmar un convenio 287(g). Según explicó, South Miami no ha afrontado repercusiones por mantenerse fuera del programa.
Fernández sostuvo que varias ciudades recibieron presiones desde Tallahassee para suscribir estos acuerdos. También pidió a otros gobiernos de Miami-Dade reconsiderar su participación.
¿Qué cambiaría si Doral cancela el acuerdo?
El acuerdo 287(g) de Doral con ICE otorga a la Policía local determinadas funciones de colaboración en la aplicación de las leyes migratorias federales. La ciudad lo formalizó en enero de 2026 bajo un modelo de patrulla conjunta.
Su cancelación pondría fin a la participación policial de Doral prevista por ese mecanismo. Sin embargo, no impediría que los agentes federales realicen operativos migratorios dentro de la ciudad.
La alcaldesa Christi Fraga ha insistido en que el gobierno municipal no puede impedir que ICE aplique la ley federal. También ha señalado que la Policía de Doral no dirige las redadas ni recibe avisos previos sobre su ubicación.
Los promotores de la retirada distinguen entre las operaciones federales y la cooperación voluntaria de la Policía local. Su petición se concentra en terminar esa colaboración, no en bloquear las facultades federales de ICE.
Temor entre residentes y negocios
El debate tiene especial repercusión en Doral, donde cerca del 70% de sus habitantes nació fuera de Estados Unidos. Residentes han reportado la presencia de agentes migratorios en diferentes puntos de la ciudad.
Comerciantes atribuyen al temor una reducción del movimiento de clientes y trabajadores. Un restaurante aseguró que sus ventas cayeron un 70%, mientras otros negocios reportaron la pérdida de empleados.
Fraga reconoció que existe «mucho temor» entre parte de la comunidad. Empleados y residentes estarían evitando salir de sus viviendas por miedo a encontrarse con agentes migratorios.
También surgieron iniciativas privadas para ayudar a los hogares afectados por detenciones o deportaciones. El activista Carlos Eduardo Espina aportó 50,000 dólares para crear un fondo administrado por LULAC.
El programa ofrece hasta 1,000 dólares por hogar para gastos de alquiler, alimentos, servicios públicos y cuidado infantil.
