Donald Trump reconoció que su política de deportaciones pudo ser demasiado dura tras la derrota republicana, pero su Gobierno mantiene las expulsiones en Estados Unidos.
La entrevista con Ross Douthat para 60 Minutes se grabó el viernes 6 de noviembre y se emitió el domingo 8.
El presidente vinculó parte del costo electoral con las detenciones de inmigrantes que llevaban años establecidos en el país. Separó esas actuaciones de su estrategia fronteriza, cuyos resultados defendió.
El reconocimiento sobre los trabajadores deportados
“Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí”, declaró Trump al evaluar su política de deportaciones.
El mandatario admitió que su Administración también expulsó a personas con empleos estables cuya única infracción había sido entrar sin autorización. Reconoció que algunos votantes consideraban que esos inmigrantes debían quedarse si trabajaban y pagaban impuestos.
Sus declaraciones llegaron después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando los demócratas recuperaron las mayorías de ambas cámaras del Congreso. Trump manifestó disposición a negociar asuntos migratorios con sus adversarios, que asumirán el control legislativo en enero de 2027.
Continuidad de las expulsiones y cambio de gabinete
El reconocimiento presidencial no se tradujo en modificaciones concretas de los procedimientos de detención o expulsión. Los operativos continúan pese a la evaluación del mandatario sobre su dureza.
El viernes, después de la entrevista, Trump anunció que Stephen Miller reemplazaría a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca.
Miller figura entre los principales impulsores de las deportaciones masivas. Durante 2025 promovió una meta de 3000 arrestos diarios para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reafirmó la continuidad de la estrategia: “Las deportaciones continuarán”. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, sostuvo que el Gobierno mantendría las detenciones y expulsiones de indocumentados considerados amenazas para la seguridad pública.
