El Gobierno de Donald Trump ha comprometido al menos $410 millones para facilitar deportaciones a terceros países mediante acuerdos con gobiernos de África y América Latina.
Los compromisos abarcan 31 países y constaban en documentos internos del Departamento de Estado hasta finales de junio de 2026. La cifra incluye fondos autorizados o prometidos; no equivale a dinero ya desembolsado.
Pagos a gobiernos y organismos internacionales
De ese monto, al menos $81 millones corresponden a pagos directos a 13 gobiernos. Otros $179 millones fueron prometidos a la Organización Internacional para las Migraciones y $124 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Los fondos destinados a esas organizaciones están vinculados con proyectos para refugiados e infraestructura en los países receptores. Aunque las organizaciones no negocian directamente los acuerdos de deportación, los gobiernos incluyeron esos recursos en las conversaciones con Estados Unidos.
Eswatini acordó aceptar hasta 150 personas a cambio de $5,1 millones. Guinea Ecuatorial pactó recibir hasta 250 ciudadanos de otros países por $7,5 millones. Esas cantidades indican los límites de cada acuerdo, no el número de personas efectivamente trasladadas.
Cubanos entre los enviados a otros países
La Oficina de Remigración, integrada por unos 15 empleados del Departamento de Estado, participa en las negociaciones. Su responsable, Christian Ehrhardt, ha viajado por África para buscar gobiernos dispuestos a recibir deportados sin nacionalidad ni vínculos previos con esos destinos.
Entre las personas enviadas a Eswatini hubo migrantes de Cuba, Vietnam, Laos y Jamaica. El traslado ilustra el alcance de las deportaciones a terceros países para personas que podrían terminar lejos tanto de Estados Unidos como de su lugar de origen.
Un análisis de datos reunidos por organizaciones independientes calcula que más de 25.000 personas fueron deportadas a por lo menos 28 terceros países. Unas 20.000 llegaron a México, el principal destino dentro de ese recuento.
Una disputa por el procedimiento de expulsión
La Casa Blanca sostiene que recurre a estos destinos principalmente cuando una persona tiene una orden de expulsión, pero su país de origen no la acepta. También menciona casos en que el retorno al país de origen plantea riesgos de persecución.
Abogados de inmigración cuestionan la protección que reciben los deportados tras el traslado. Personas enviadas a Guinea Ecuatorial denunciaron golpes de guardias armados, privación de alimentos y condiciones precarias; esas denuncias forman parte de la investigación sobre los acuerdos.
El 18 de septiembre de 2026, una corte federal de apelaciones declaró ilegal el procedimiento de deportación rápida a terceros países. El tribunal concluyó que los afectados no recibían aviso suficiente ni una oportunidad adecuada para alegar temor a sufrir persecución o tortura en el destino previsto.
