La administración Trump propuso retirar 810 millones de dólares de partidas federales, con los mayores recortes a servicios para inmigrantes y refugiados en Estados Unidos.
El presidente notificó al Congreso 11 propuestas de rescisión presupuestaria el viernes 25 de septiembre. La Casa Blanca presentó el paquete como parte de una iniciativa para eliminar casi 1.000 millones de dólares en gastos.
La mayor partida corresponde a refugiados y asilados
El recorte más grande, de 567 millones de dólares, corresponde a fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esa cuenta financia programas para refugiados, asilados y otros recién llegados, incluidos menores que llegaron sin acompañantes.
La Casa Blanca sostiene que el dinero es excedente debido a la reducción de cruces irregulares en la frontera. Esa es la justificación del Gobierno para retirarlo, no una evaluación de las necesidades de cada persona atendida por esos programas.
El paquete también incluye 25 millones de dólares para educación de estudiantes migrantes y 15 millones para alternativas a la detención. Otros 10 millones corresponden a un programa de ciudadanía e integración de los servicios migratorios.
Las propuestas abarcan, además, 15 millones de dólares para el Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia y 10 millones para una agencia dedicada a negocios de minorías. Otra partida, de unos 9 millones, pertenece a un programa del Tesoro vinculado con inversiones climáticas en el extranjero.
Una disputa por el plazo presupuestario
La administración envió la solicitud a pocos días del cierre del año fiscal, previsto para el 30 de septiembre. Ese plazo es decisivo para entender la controversia.
La ley permite al presidente pedir al Congreso que cancele fondos y le concede a este 45 días para examinar la propuesta. En una «rescisión de bolsillo», el pedido llega tan tarde que el dinero puede vencer antes de que termine esa revisión.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental considera ilegal usar ese mecanismo para dejar expirar fondos aprobados por el Congreso. La Casa Blanca, en cambio, defiende su decisión como una facultad presidencial para reducir gastos.
Objeciones desde ambos partidos
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, calificó la medida de ilegal y cuestionó que la Oficina de Gestión y Presupuesto decida qué programas reciben recursos. La senadora demócrata Patty Murray, principal representante de su partido en ese comité, también rechazó la propuesta.
Trump empleó la misma vía en 2025 para intentar bloquear 4.900 millones de dólares destinados a ayuda exterior. El paquete anunciado el 25 de septiembre se concentra, en cambio, en programas que prestan servicios dentro de Estados Unidos.
