Las elecciones generales del 29 de noviembre pueden tener consecuencias directas para miles de descendientes de españoles en Cuba y América Latina.
El debate ya no gira solo alrededor de quién gobernará España. También alcanza la Ley de Memoria Democrática, los expedientes pendientes y el voto exterior.
El calendario electoral ya está en marcha
España ya tiene elecciones oficialmente convocadas. El Real Decreto publicado este 6 de octubre en el BOE fija la votación para el domingo 29 de noviembre.
Para los españoles residentes en el extranjero, el calendario comienza antes. Exteriores informa de que el voto presencial en consulados podrá depositarse entre el 21 y el 26 de noviembre.
La controversia sobre la llamada Ley de Nietos llega, por tanto, cuando el proceso electoral ya está en marcha.
Zapatero y Sánchez ampliaron el acceso a la nacionalidad
La relación entre las leyes de memoria y la nacionalidad española no comenzó con la norma de 2022.
La Ley 52/2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, abrió una vía para hijos de españoles de origen.
También reconoció ese derecho a nietos de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.
Años después, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
Su disposición adicional octava amplió los supuestos para optar a la nacionalidad española de origen.
Ese marco permitió presentar cientos de miles de solicitudes desde Cuba, Argentina, Venezuela y otros países con fuertes comunidades de descendientes.
El PP también ha propuesto derogar la Ley de Memoria Democrática
La posición del Partido Popular no se limita a críticas políticas.
En abril de 2026, el Grupo Popular presentó en el Congreso un texto alternativo para derogar la Ley 20/2022 en su conjunto.
La propuesta mantenía temporalmente algunas reglas relacionadas con exhumaciones. No incluía una protección equivalente y específica para expedientes de nacionalidad pendientes.
Eso no significa que una futura derogación cancelaría automáticamente esas solicitudes. Cualquier cambio dependería del texto aprobado y de sus disposiciones transitorias.
También ha existido un cuestionamiento político sobre el aumento del censo exterior.
Directorio Cubano informó en junio de declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre una posible “ingeniería electoral”.
Vox ha llevado la batalla a los tribunales
Vox mantiene una posición todavía más explícita contra la Ley de Memoria Democrática.
Santiago Abascal se comprometió públicamente a derogarla.
En aquella intervención la calificó de “absolutamente totalitaria” y prometió “derogar esta ley inmediatamente”.
En 2026, Vox pasó de las declaraciones a las acciones ante los órganos electorales y judiciales.
El partido pidió a la Junta Electoral Central revisar y suspender altas en el CERA.
Vox afirmó que una instrucción de 2022 “amplió ilegalmente el acceso a la nacionalidad”.
Después llegaron los recursos ante el Tribunal Supremo.
En septiembre, el alto tribunal suspendió cautelarmente altas en el CERA vinculadas a esta vía de nacionalidad.
La decisión exige comprobar la condición de descendiente de exiliados en los casos afectados.
Este 6 de octubre, con las elecciones ya convocadas, Vox pidió al Supremo ampliar la suspensión a más beneficiarios de la llamada Ley de Nietos.
La cuestión sigue abierta y el tribunal debe decidir cómo se aplica la medida durante el proceso electoral.
La nacionalidad y el derecho al voto no son lo mismo
Este punto resulta esencial para los cubanos que ya obtuvieron la nacionalidad española.
La suspensión cautelar sobre el censo no anula por sí sola una nacionalidad ya concedida.
El conflicto actual se centra en los efectos electorales y en la inscripción en el CERA.
Además, la Constitución española establece que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
La Ley de Memoria Democrática reconoce precisamente una vía de adquisición de nacionalidad española de origen.
Por eso deben separarse dos asuntos. Uno es quién puede votar el 29 de noviembre. Otro es qué ocurrirá con la ley y los expedientes todavía abiertos.
Los expedientes pendientes siguen siendo el punto más sensible
El plazo para iniciar nuevas solicitudes terminó el 22 de octubre de 2025.
Sin embargo, el Consulado General de España en La Habana mantiene que quienes pidieron cita dentro del plazo pueden continuar el proceso.
Estas personas deben conservar el justificante que demuestra que solicitaron cita a tiempo.
Actualmente, esos expedientes continúan bajo las reglas vigentes.
Una eventual derogación futura no depende únicamente del resultado electoral. Haría falta una mayoría parlamentaria capaz de aprobar un cambio legal.
También sería necesario definir qué ocurre con los procedimientos ya iniciados.
Ese detalle puede ser decisivo para quienes esperan credenciales, citas, subsanaciones, resoluciones o inscripciones.
PSOE y Sumar intentan reforzar ahora la presunción de exilio
Mientras PP y Vox cuestionan la norma, PSOE y Sumar buscan reforzar jurídicamente uno de sus puntos más discutidos.
Sumar presentó una enmienda para elevar a rango legal la presunción de exilio utilizada en la aplicación de la Ley de Nietos.
La modificación fue incorporada a una reforma educativa.
Los letrados del Congreso cuestionaron esa vía por considerar que no guarda relación material con el contenido educativo.
Pese a ese criterio, la Mesa de la Comisión de Educación admitió la enmienda a trámite.
La batalla se desarrolla así al mismo tiempo en el Parlamento, los tribunales y la campaña electoral.
Cuba, Argentina y Venezuela siguen de cerca lo que ocurra
La discusión afecta a comunidades muy numerosas de descendientes de españoles.
Cuba ocupa un lugar especialmente sensible por el volumen de solicitudes y la acumulación de trámites consulares.
Argentina también tiene un enorme peso dentro del censo exterior. Venezuela reúne igualmente a miles de solicitantes y nuevos ciudadanos españoles.
En todos esos países hay personas con situaciones distintas.
Algunos ya tienen su inscripción de nacimiento española. Otros esperan resolución. Muchos todavía aguardan una cita solicitada dentro del plazo legal.
Lo que ocurra después del 29 de noviembre dependerá de la composición del nuevo Congreso y de las leyes que realmente logren aprobarse.
Antes de esa fecha, el Tribunal Supremo tendrá además que aclarar el alcance de las medidas cautelares sobre el voto exterior.
