Las redadas de ICE no se detienen automáticamente con una mayoría demócrata en el Congreso: la agencia conserva recursos aprobados para sus operaciones migratorias.
La victoria electoral de los demócratas abre la posibilidad de una supervisión más intensa en 2027, pero no equivale a suspender detenciones o deportaciones. Esa diferencia separa el control político del Legislativo de las facultades operativas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
El financiamiento que limita un freno inmediato
La ley presupuestaria que Donald Trump firmó el 4 de julio de 2025 asignó unos 75.000 millones de dólares adicionales a ICE. Los recursos abarcan operaciones migratorias, contratación de personal y ampliación de la capacidad de detención.
De ese paquete, 45.000 millones corresponden a capacidad de detención y alrededor de 30.000 millones a operaciones y personal. La disponibilidad de los fondos se extiende hasta septiembre de 2029.
Modificar o retirar esas asignaciones requiere nueva legislación, que el presidente podría vetar. Por tanto, una nueva mayoría parlamentaria no elimina por sí sola el dinero ya autorizado.
¿Qué herramientas tiene el Congreso?
La supervisión presupuestaria permite examinar cómo funcionan las agencias y qué resultados obtienen antes de decidir sobre sus solicitudes de recursos. El Manual de Supervisión del Congreso, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso, describe ese papel de los comités legislativos.
Los comités de asignaciones celebran audiencias sobre las peticiones presupuestarias de los departamentos y agencias federales. Estas comparecencias permiten revisar las prioridades del Ejecutivo y contrastarlas con la actividad de cada organismo.
Las agencias también entregan documentos justificativos de sus solicitudes anuales. Ese material permite a los legisladores examinar necesidades, gastos y prioridades antes de aprobar nuevas partidas. La revisión puede abarcar tanto el presupuesto solicitado como la gestión de los programas que recibirían esos recursos.
En el caso de ICE, los legisladores pueden convocar a funcionarios, solicitar documentación sobre contratos y gastos, e investigar posibles abusos. También pueden proponer reformas y negociar restricciones para el financiamiento futuro.
