Visados por puntos: el PP plantea cambiar el acceso a la residencia en España

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El Partido Popular propone introducir visados por puntos y restringir la regularización por arraigo si llega al Gobierno de España.

El plan también contempla reforzar las condiciones para obtener la nacionalidad y prohibir las regularizaciones masivas mediante una reforma de la Ley de Extranjería. Son propuestas políticas, no cambios que los solicitantes deban aplicar ahora a sus trámites.

Selección de trabajadores y entrada con contrato

Los visados por puntos valorarían la formación académica, la experiencia laboral, el conocimiento del idioma y las posibilidades de integración. El objetivo sería seleccionar trabajadores para sectores donde España necesite contratar personal extranjero.

El planteamiento incluye llegar con un contrato firmado desde el país de origen o utilizar un visado temporal para buscar empleo. Esta segunda opción quedaría sujeta a controles y plazos. Para los cubanos interesados en emigrar por trabajo, estas serían las vías previstas en la propuesta.

El arraigo pasaría a ser excepcional

El PP pretende convertir el arraigo en un mecanismo excepcional de reconocimiento individual, en lugar de una vía generalizada de acceso a la residencia. Ese cambio forma parte de su propuesta para limitar las regularizaciones.

La formación también plantea crear una autoridad única para coordinar la entrada, la permanencia, el retorno y la integración de extranjeros. En materia de asilo, propone resolver con mayor rapidez las solicitudes pendientes y distinguir antes cuáles reúnen los requisitos de protección internacional.

Nacionalidad con requisitos reforzados

Otra parte del plan consiste en aprobar una nueva legislación sobre el acceso a la ciudadanía española. El PP plantea endurecer las condiciones, aunque conservaría un trato preferente para los países de la Hispanidad.

Además, propone regular la pérdida de nacionalidad para personas que no sean españolas de origen y reciban una condena firme por determinados delitos graves. La medida abarcaría delitos contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional. Su aplicación tendría que evitar que la persona quedara sin ninguna nacionalidad.


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