El Gobierno de Cuba presentó demandas legales contra las cadenas hoteleras Meliá e Iberostar por haber abandonado la gestión de 15 y 12 hoteles, respectivamente, en medio de la ofensiva de sanciones de Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA.
Los argumentos de Cuba ante los tribunales
Según El País, los asesores legales del Gobierno cubano sostienen que las cadenas hoteleras no encontraron base legal o contractual para rescindir los contratos de forma unilateral. Los hoteles en Cuba se gestionan a través de empresas conjuntas en las que participan el Estado cubano y el operador extranjero. Ante la salida repentina de las hoteleras, La Habana solicitará resolver la controversia mediante arbitraje ante la Cámara de Comercio de Cuba o instituciones arbitrales en el extranjero.
La defensa de Meliá e Iberostar
Las cadenas españolas alegan causas de fuerza mayor para justificar la ruptura de los contratos. Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen y director del Cuban Desk, explicó que las autoridades cubanas argumentarán que la amenaza de sanciones no constituye un elemento nuevo, pues las restricciones de Estados Unidos contra Cuba existen desde hace décadas. Los contratos suelen incluir cláusulas que excluyen los cambios regulatorios fuera de las fronteras cubanas como causal de fuerza mayor.
El dilema legal de las hoteleras españolas
Meliá e Iberostar se enfrentan a un escenario jurídico complejo. Los expertos consultados por El País recomiendan que las empresas centren su defensa en probar que la ausencia de suministro eléctrico, de alimentos y de conectividad aérea constituyen circunstancias sobrevenidas que hicieron el negocio inviable. Ese fue precisamente el argumento que utilizó la hotelera canadiense Blue Diamond para justificar su desvinculación de 15 inmuebles en Cuba.
Meliá mantendrá la operación de 19 activos propiedad del Ministerio de Turismo, mientras que Iberostar conservará 6 inmuebles cuyos dueños son Cubanacán y Caribe, entidades desligadas de GAESA.
Presión sobre el Gobierno español y la Unión Europea
En paralelo a la defensa judicial, las hoteleras españolas presionan al Gobierno de España para que active un plan de ayudas a las compañías afectadas y para que la Comisión Europea intensifique su rechazo a la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton. El título III de esa norma permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de Estados Unidos a cualquier persona o empresa que trafique con activos expropiados por el Gobierno cubano.
Un precedente con el estatuto de bloqueo europeo
La única línea de defensa con la que cuentan las hoteleras es el estatuto de bloqueo de la Unión Europea. Esa normativa habilita a los operadores comunitarios sancionados a reclamar una compensación por los daños causados por la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton. Meliá e Iberostar han ganado todas las reclamaciones presentadas hasta ahora bajo este mecanismo, pero el contexto actual, con la salida masiva de operadores extranjeros de la isla, añade una capa adicional de incertidumbre jurídica y económica.
