Nueva medida para migrantes a EE.UU desde la próxima semana

A partir del 31 de mayo, se considerarán las solicitudes de asilo de personas que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), ha anunciado una nueva medida que autoriza a los oficiales de asilo a evaluar cada caso que se presente en la frontera con México a partir del próximo 31 de mayo.

La nueva política se denomina Norma Final Provisional de Asilo y procederá con mayor agilidad en la evaluación de los indocumentados que se encuentren aptos para recibir refugio en territorio norteamericano.


Según explicó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “aquellos que no son elegibles serán removidos de inmediato en lugar de permanecer en EEUU durante años mientras sus casos están pendientes”.


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MIGRANTES CUBANOS HACIA EE.UU

Desde la semana próxima, cuando entre el vigor la normativa, se considerarán «las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada, que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida», indicó Mayorkas.

La regla provisional autoriza a los oficiales de asilo de USCIS a evaluar los casos, ya que, hasta el momento, eran únicamente decididos por jueces de inmigración.  Aquellas personas que reciban una determinación positiva de temor creíble recibirán una entrevista oportuna con un oficial de asilo de USCIS para obtener toda la información relevante y útil sobre su solicitud de asilo.


Luego de dicha entrevista, USCIS decidirá si otorga asilo y, si es necesario, determinará la elegibilidad del solicitante para la retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT). Esta nueva medida también advierte que cualquier persona a la que USCIS no le otorgue asilo, será remitida a un procedimiento de deportación ante un juez de inmigración.

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Solamente en el mes de abril, la EOIR tenía acumulados más de 1.7 millones de casos, unos 600 jueces activos y cada expediente podía demorar entre 3 a 4 años en ser resuelto.

“Estamos impartiendo justicia rápidamente, al mismo tiempo que garantizamos el debido proceso migratorio», concluyó Alejandro Mayorkas.

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