La Gaceta Oficial confirmó que el Ministerio de Finanzas y Precios deberá preparar un programa específico contra la evasión y la subdeclaración fiscal en Cuba. La medida puede tener consecuencias para empresas, mipymes, trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes.
El acuerdo aparece después de que el Gobierno reconociera dificultades persistentes en la recaudación tributaria, pese a que varias provincias muestran resultados presupuestarios favorables.
La Asamblea exige un programa integral
La Gaceta Oficial Ordinaria No. 67 recoge el Acuerdo X-173, mediante el cual la Asamblea Nacional aprobó la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente a 2025.
Dentro de ese mismo acuerdo se incorpora una recomendación concreta al Ministerio de Finanzas y Precios.
El organismo deberá elaborar un programa integral para atender la evasión y la subdeclaración fiscal.
Los resultados tendrán que presentarse ante la Comisión de Asuntos Económicos en el período ordinario de sesiones de diciembre de 2026.
¿Qué significa subdeclarar ingresos?
La subdeclaración ocurre cuando un contribuyente informa al fisco ingresos inferiores a los realmente obtenidos.
Eso puede reducir artificialmente la base sobre la cual se calculan impuestos y otras obligaciones.
No debe confundirse con tener ingresos bajos o con aprovechar legalmente una deducción autorizada.
El problema aparece cuando existe una diferencia entre la actividad económica real y lo que se declara ante la administración tributaria.
Mipymes y trabajadores privados estarán bajo mayor atención
La Gaceta no identifica sectores concretos que serán fiscalizados ni anuncia una campaña dirigida exclusivamente al sector privado.
Sin embargo, cualquier programa contra evasión y subdeclaración puede alcanzar a mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, arrendadores, transportistas y otros contribuyentes.
También puede involucrar empresas estatales y personas jurídicas cuando existan incumplimientos tributarios.
Por eso sería incorrecto presentar la medida como una operación únicamente contra negocios privados.
El crecimiento de los pagos electrónicos facilita más controles
La expansión de transferencias, cuentas bancarias y plataformas digitales deja una mayor trazabilidad de las operaciones.
Esto permite comparar determinados movimientos financieros con ingresos declarados y actividad registrada.
En una economía donde cada vez más negocios reciben transferencias, resulta más sencillo detectar diferencias significativas entre el volumen de operaciones y las declaraciones fiscales.
Aun así, un movimiento bancario no equivale automáticamente a un ingreso imponible.
Puede tratarse de préstamos, transferencias familiares, devoluciones u operaciones que tengan otro tratamiento fiscal.
El efectivo sigue siendo una zona difícil de controlar
Una parte considerable de la economía cubana continúa moviéndose en efectivo.
Esa realidad complica la fiscalización porque muchas operaciones no dejan un registro electrónico inmediato.
También explica por qué las autoridades insisten en aumentar los pagos digitales y en conseguir que más dinero regrese al sistema bancario.
La lucha contra la subdeclaración fiscal y la bancarización están conectadas, aunque sean políticas diferentes.
¿Habrá nuevas multas o impuestos?
La Gaceta Oficial No. 67 no anuncia un impuesto nuevo ni fija nuevas sanciones específicas por esta medida.
Lo que ordena es elaborar un programa integral y presentar resultados.
Por tanto, todavía no puede afirmarse que vayan a aumentar automáticamente las multas o que se vaya a modificar la carga tributaria de todos los negocios.
Es posible que el programa combine inspecciones, cruces de información, controles contables y acciones administrativas, pero los detalles deberán conocerse cuando Finanzas y Precios los publique.
El Gobierno necesita recaudar más
El contexto fiscal ayuda a entender la decisión.
Cuba enfrenta un fuerte déficit presupuestario, elevada inflación y grandes necesidades de financiamiento para sostener servicios públicos y gastos sociales.
El Ministerio de Finanzas y Precios informó al Parlamento que persisten problemas relacionados con la recaudación tributaria y la evasión.
En ese escenario, recuperar ingresos que el Estado considera no declarados se convierte en una prioridad.
El riesgo de pagar justos por pecadores
Para los negocios que cumplen con sus obligaciones, uno de los principales temores es que un endurecimiento de controles genere más burocracia.
Una fiscalización mal diseñada puede aumentar trámites, inspecciones y documentación incluso para contribuyentes que declaran correctamente.
También existe preocupación por la capacidad de demostrar costos reales en un mercado donde muchas compras se realizan sin facturas completas o mediante cadenas de intermediarios.
Ese problema puede resultar especialmente complejo para pequeños negocios.
Las facturas y la contabilidad ganarán importancia
Ante un mayor control, conservar documentación será cada vez más relevante.
Facturas, contratos, comprobantes bancarios, registros de compras y evidencias de gastos pueden resultar esenciales para justificar la actividad económica.
También será importante separar las finanzas personales de las empresariales cuando corresponda.
Mezclar ingresos familiares, préstamos y movimientos del negocio en una misma cuenta puede complicar una revisión fiscal.
¿Qué puede pasar antes de diciembre?
El Ministerio de Finanzas y Precios deberá diseñar el programa y comenzar a mostrar resultados antes de la evaluación parlamentaria prevista para diciembre.
Eso significa que durante los próximos meses pueden aparecer nuevas instrucciones, operativos, controles o procedimientos.
Por ahora, la Gaceta no ofrece el calendario detallado ni identifica actividades económicas prioritarias.
Una señal para todos los contribuyentes
Más allá de las medidas que finalmente se adopten, el acuerdo marca una dirección clara.
La evasión y la subdeclaración fiscal estarán bajo mayor escrutinio institucional durante la segunda mitad de 2026.
Para mipymes, trabajadores por cuenta propia y empresas, la consecuencia más práctica será la necesidad de mantener cuentas más ordenadas y poder justificar con documentos las operaciones que declaran.
El punto polémico estará en cómo se aplique el programa y si logra perseguir incumplimientos reales sin aumentar innecesariamente la presión sobre quienes ya cumplen.
