El economista cubano Pedro Monreal cuestionó uno de los puntos más sensibles del paquete de 176 medidas económicas anunciado en Cuba.
Su alerta se centra en la posibilidad de vender acciones de empresas estatales a formas de gestión no estatales y a personas naturales. Para Monreal, esa apertura puede derivar en un escenario de captura de activos públicos si no existen garantías legales sólidas.
Una advertencia sobre la medida 17
Monreal reaccionó a la medida 17 del paquete presentado por el gobierno cubano. Según explicó, esa propuesta contempla vender acciones de empresas estatales a formas de gestión no estatales y a personas.
El economista escribió que, al leer ese punto, pensó “inevitablemente” en el “capitalismo de amiguetes” de la transición rusa.
La comparación no es menor. En Rusia, durante los años posteriores al fin de la Unión Soviética, una parte importante de los activos estatales terminó en manos de grupos muy conectados con el poder político.
El resultado fue la aparición de grandes fortunas privadas surgidas de la transferencia acelerada de empresas públicas.
El riesgo de los insiders
Monreal advirtió que una privatización acelerada de empresas estatales puede terminar favoreciendo a personas con acceso privilegiado a información, contactos o decisiones oficiales.
“Con un Estado de derecho inexistente, la privatización acelerada de empresas estatales sin salvaguardas legales robustas suele terminar en la captura de activos estatales por parte de insiders bien conectados con el poder”, escribió.
Su observación apunta a un problema central: quién podrá comprar esas acciones, bajo qué reglas, con qué transparencia y a qué precio.
En un país con fuertes restricciones económicas, escasez de divisas y poca información pública sobre empresas estatales, no todos los ciudadanos estarían en igualdad de condiciones para participar en ese proceso.
Una venta del Estado bajo vigilancia
El paquete de reformas plantea transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.
También contempla que empresas estatales, formas de gestión no estatal y personas naturales puedan adquirir acciones en determinados casos.
El gobierno ha señalado que mantendría presencia mayoritaria en sectores estratégicos. Sin embargo, el alcance real dependerá de las normas que se aprueben después.
Ahí está uno de los puntos más delicados. Sin licitaciones públicas, avalúos transparentes, auditorías independientes y límites claros, la venta de acciones o activos estatales puede abrir espacio a favoritismos.
La preocupación aumenta si esos procesos se hacen con rapidez y sin información suficiente para la ciudadanía.
1/2 En una rápida lectura de las 176 medidas, me encuentro con la #17 (vender acciones de empresas estatales a formas de gestión no estatales y personas) e inevitablemente pienso en el “capitalismo de amiguetes” de la transición rusa pic.twitter.com/Vo2dvryb3p
— Pedro Monreal (@pmmonreal) June 19, 2026
Secretismo y falta de debate público
Monreal también criticó el manejo político de las propuestas. En otro mensaje señaló que el primer acto del proceso reafirmó la “impotencia pública” ante el secretismo de las medidas.
El economista cuestionó que se presente como una buena noticia el consenso de funcionarios sobre el carácter imprescindible de las transformaciones.
Su crítica apunta a que decisiones de gran impacto económico y social no deberían limitarse a una aprobación institucional sin discusión pública profunda.
Las medidas pueden cambiar la estructura de propiedad, la relación entre Estado y mercado, el papel de las empresas privadas y el acceso a activos estratégicos.
Por eso, la transparencia no sería un detalle técnico, sino una condición para evitar distorsiones graves.
¿Transformación o concentración de riqueza?
El gobierno cubano presenta el paquete como una vía para destrabar la economía y enfrentar la crisis.
Pero la venta de acciones estatales introduce una pregunta de fondo: si el Estado comparte o transfiere parte de su patrimonio, quiénes serán los beneficiarios reales.
En teoría, la medida podría capitalizar empresas, atraer recursos y mejorar la gestión. En la práctica, también podría aumentar la concentración de riqueza si solo acceden quienes tienen divisas, contactos o información privilegiada.
El riesgo no está únicamente en vender. Está en vender sin reglas claras, sin control ciudadano y sin mecanismos que impidan la apropiación selectiva de bienes públicos.
La advertencia de Monreal coloca el foco en ese punto. La apertura económica puede convertirse en una reforma productiva o en una transferencia de activos hacia grupos cercanos al poder.
La diferencia estará en las garantías legales, la transparencia y la rendición de cuentas.
