El FBI y fiscales federales revelaron una presunta red que habría desviado más de 19 millones de dólares del programa SNAP en el sur de Florida.
La operación se habría extendido durante casi siete años y utilizó comercios autorizados para convertir beneficios alimentarios en dinero en efectivo.
Cuatro hombres fueron acusados
Un gran jurado federal acusó a cuatro personas por su presunta participación en el esquema, desarrollado entre julio de 2019 y mayo de 2026.
Los imputados son Rajaie Ahmad Ali, de 63 años y residente en Miramar; Sami Jamhour, de 43 años y vecino de Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de 27 años y residente en Miami; y Adel Amro, de 23 años y domiciliado en Fort Myers.
Según la información divulgada, Ali también tiene una orden final de deportación.
La acusación sostiene que los implicados aprovecharon negocios autorizados para procesar pagos mediante tarjetas EBT.
Estas tarjetas permiten a los beneficiarios utilizar los fondos de SNAP para comprar alimentos aprobados en supermercados y establecimientos participantes.
Comercios del sur de Florida bajo investigación
Los documentos judiciales identifican a Ali como propietario de Brown Sugar. Jamhour administraba Kwik Stop y Amaro operaba Quickie Mini Market.
La Fiscalía afirma que Ali y Amaro entregaron las terminales electrónicas de sus comercios para que fueran utilizadas en el establecimiento de Jamhour.
Las reglas de SNAP prohíben compartir o trasladar estos equipos entre establecimientos.
Amro habría reclutado a beneficiarios interesados en cambiar parte de sus ayudas alimentarias por dinero en efectivo.
Los comerciantes procesaban cargos superiores al valor de cualquier compra realizada. Después entregaban a los titulares de las tarjetas cerca de la mitad del monto cobrado.
El resto del dinero quedaba presuntamente en manos de los participantes de la trama.
Los beneficios estaban destinados a familias de bajos ingresos
SNAP ofrece ayuda alimentaria a personas y hogares con ingresos limitados en Estados Unidos.
Los fondos se depositan mensualmente en una tarjeta EBT, que funciona de manera parecida a una tarjeta de débito.
Los beneficiarios pueden utilizarla para comprar productos autorizados, pero no para retirar dinero en efectivo mediante operaciones ficticias.
“Los cupones de alimentos existen para ayudar a las familias a tener comida en la mesa, no para enriquecer a los delincuentes. El fraude a los beneficios públicos perjudica doblemente: primero a los contribuyentes que financian estos programas y, de nuevo, a las familias que dependen de ellos”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.
El caso puede generar preocupación entre cubanos y otros residentes del sur de Florida que dependen legalmente de esta ayuda.
Las autoridades no han señalado que los beneficiarios legítimos pierdan sus derechos por fraudes cometidos por comerciantes o terceros.
Sin embargo, cualquier persona que participe voluntariamente en intercambios ilegales puede enfrentar consecuencias y la pérdida de beneficios.
Penas de hasta 65 años de prisión
Los acusados enfrentan cargos relacionados con conspiración para traficar beneficios SNAP, lavado de dinero y estructuración de operaciones financieras.
Las posibles condenas dependen de los cargos atribuidos a cada persona y de una eventual declaración de culpabilidad.
Ali podría enfrentar hasta 65 años de prisión. Amaro se expone a una pena máxima de 55 años.
Jamhour podría recibir hasta 50 años y Amro hasta 30 años, según la información del proceso.
“Durante casi siete años, estos estafadores presuntamente se aprovecharon de SNAP para obtener ganancias ilícitas, robando millones de dólares a los estadounidenses sin remordimiento alguno por el daño causado a las comunidades del sur de Florida”, afirmó Brett Skiles, agente especial del FBI en Miami.
La acusación no equivale a una condena. Los cuatro imputados mantienen la presunción de inocencia mientras el caso avanza en los tribunales.
Investigación conjunta entre varias agencias
El FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura encabezaron la investigación.
También participaron la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de West Palm Beach.
“Este plan, que duró años, resultó en el robo de más de 19 millones de dólares de los contribuyentes. ¡Es indignante!”, declaró John Walk, inspector general del USDA-OIG.
El caso se suma a otras investigaciones recientes sobre fraudes con tarjetas EBT en Florida.
En abril, una mujer fue arrestada en Broward por la presunta sustracción de más de 120000 dólares pertenecientes a unos 200 beneficiarios.
En mayo, las autoridades desarticularon en Orlando otra operación relacionada con tarjetas EBT clonadas.
Los usuarios deben revisar con frecuencia sus movimientos y reportar cualquier transacción desconocida. También deben evitar entregar su tarjeta o número secreto a terceros.
