La medida sustituye una regulación vigente desde 1998 y responde a cambios en el sistema financiero y legal del país.
El Banco Central de Cuba aprobó una nueva normativa que actualiza las reglas sobre el secreto bancario. La disposición, publicada en la Gaceta Oficial, precisa qué información debe mantenerse bajo confidencialidad y en qué situaciones puede ser revelada. También refuerza la protección de los datos personales vinculados a operaciones bancarias.
¿Qué cambia con la nueva norma?
La Resolución 82/2025 redefine el concepto de secreto bancario como un deber legal de las instituciones financieras. Este principio obliga a proteger toda la información relacionada con cuentas, saldos, transferencias y otras operaciones.
La normativa establece que trabajadores, directivos y funcionarios deben mantener la confidencialidad incluso después de dejar sus cargos. La obligación alcanza cualquier dato conocido durante el ejercicio de sus funciones.
Además, se detallan los tipos de información protegida. Entre ellos figuran los nombres de los titulares, estados financieros, movimientos de cuentas y documentos asociados a operaciones bancarias.
¿Cuándo puede accederse a la información?
El acceso a estos datos solo se permite en casos específicos. Los propios titulares pueden solicitar información sobre sus cuentas. También pueden hacerlo herederos, beneficiarios o representantes legales debidamente acreditados.
Las autoridades están autorizadas a requerir estos datos en determinados procesos. Entre ellas se incluyen tribunales, fiscales, órganos de investigación y la Oficina Nacional de Administración Tributaria en casos de fiscalización.
La norma también contempla excepciones ante sospechas de delitos. Las instituciones deben facilitar información cuando existan indicios de lavado de activos, financiamiento al terrorismo u otras actividades ilícitas.
Adaptación al marco legal actual
La actualización se alinea con normas más recientes del sistema bancario cubano. También incorpora principios de la Ley de Protección de Datos Personales aprobada en 2022.
La resolución deja sin efecto la normativa anterior y establece nuevas obligaciones para las entidades financieras. Su objetivo es reforzar la seguridad de la información sin impedir la actuación de las autoridades en casos justificados.
La disposición entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
