Política de Trump provocará que menos ciudadanos estadounidenses traigan a sus hijos, padres o cónyuges

La nueva categorización de “carga pública” imposibilitará que “un mayor número de estadounidenses tenga la oportunidad de vivir en territorio de Estados Unidos con sus esposos, hijos y padres. Estos no son cambios menores. Son cambios grandes, con enormes consecuencias no solo para los inmigrantes sino también para los ciudadanos estadounidenses”, aseguró Ur Jaddou, antiguo consejero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Donald Trump ha dado en las últimas horas uno de sus pasos más severos para conseguir su declarado objetivo de frenar la inmigración. Según datos del gobierno unas 544 mil personas piden anualmente la residencia en los Estados Unidos, de las cuales unas 382 mil entrarían ahora dentro de la “zona de duda”, y como tal podrían ser rechazadas.

Si bien muchos seguidores del mandatario republicano han minimizado la nueva Regulación de la Carga Pública, esta herramienta legal puede convertirse en un arma de doble filo, según señalan no pocos especialistas en materia migratoria.

Aunque la definición de “carga pública” no es ajena a la legislación norteamericana, las normas vigentes desde 1999 consideraban que se entendía como tal a aquella persona que necesitara ayuda económica, subsidios o asistencia hospitalaria por un plazo extendido de tiempo.

Sin embargo, ahora con las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha hecho mucho más abarcadora la definición al sumar a todas aquellas personas que en el futuro, y probablemente, requerirán ayudas y beneficios públicos por más de un año en un plazo de 3 años.

La legislación federal establece que quienes busquen una “green card” (o la famosa “tarjeta verde” para la residencia) a fin de regularizar su status migratorio tendrán que demostrar que no van a ser “una carga” para EE.UU., cuando se han añadido otros elementos que dificultan la clasificación para una residencia.

Son reglas que se aplican a todos los inmigrantes que han ingresado al país legalmente y ahora esperan obtener una residencia de carácter permanente. Este articulado forma parte de la campaña de Trump para crear un sistema migratorio sustentado en las competencias y aptitudes profesionales del inmigrante sin tomar en cuenta los intereses de una reunificación entre familiares.

Los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración deberán analizar ahora cuestiones como las ayudas y la asistencia pública además de otros aspectos como son la instrucción educativa, el nivel de ingresos e incluso la salud de la persona que pretende residir en Estados Unidos.

Todas esas reglas deben entrar en vigor en el mes de octubre, aunque no se descarta que los grupos pro-derechos humanos logren prorrogarla, a partir de la presión que logren ejercer desde distintos órganos del congreso.

Pero para ganar en claridad sobre esta situación empleemos algunos ejemplos:

Si alguien ha solicitado dos ayudas, se cuenta cada una de estas como un mes, o sea, ya tendría dos meses contados. Y entre las novedades está que ahora se asumirá por ejemplo el seguro médico para personas pobres, Medicaid.

También serán contemplados los subsidios para viviendas y aquellos cupones para alimentos que se entregaban bajo el SNAP, siglas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

“¿Quiere esto decir que solo aquellas personas con ciertas necesidades económicas, quienes padezcan determinada enfermedad, o no tengan un techo asegurado tienen menos condiciones para ser residentes en Estados Unidos, así sean buenos ciudadanos, trabajadores y emprendedores? ¿Les parece que sea una actitud cristiana? Se preguntaba Roselyn Araujo, una residente mexicana que desde hace años espera traer a su hija.

Como es de esperar no pocas voces se han alzado, siendo la comunidad cubanoamericana la que mayor repudio ha dado a la medida. Para que se tenga una idea tras la publicación de la nueva regulación, el Servicio de Seguridad Nacional ha recibido 266 mil cuestionamientos públicos, una cifra que triplica el número de comentarios que normalmente genera una nueva política.

Esa entidad se vio precisada a establecer una serie de ajustes y aclaraciones ante el profundo rechazo y presiones populares que ha traído aparejada la medida, tal es el caso de las embarazadas que se benefician con el Medicaid o que requieren de cualquier tipo de ayuda, de las cuales se precisó que no se verán perjudicadas con las nuevas disposiciones durante la gestación y 2 meses después al nacimiento de su hijo.

Tampoco el Medicare Part D será catalogado como un beneficio público, ni las ayudas que reciben los niños y jóvenes menores de 21 años. Quedan exentas igualmente la asistencia ante desastres y emergencias sanitarias, los programas que ofrecen almuerzo en las escuelas, casas de adopción, los homes temporales; así como los préstamos a estudiantes y las hipotecas.

Se deja claro además que quienes soliciten la residencia tienen que presentar su correspondiente declaración de rentas que abarque los tres últimos años así como una cronología de empleos. Deberán declarar igualmente si disponen de un seguro médico privado, lo cual puede constituir un importante punto a su favor.

Aquellos que sirvan en las fuerzas armadas de EE.UU. también quedarán exentos, lo mismo que quienes obtengan el asilo político.

Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó que las nuevas disposiciones se ajustan al mensaje del presidente Trump cuando dijo: “Queremos que venga al país gente autosuficiente”, recordó Cuccinelli. “Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal”.

A pesar de la campaña atroz desatada por Donald Trump lo cierto es que los inmigrantes representan un porcentaje ínfimo dentro del número de asistenciados y beneficiarios de la ayuda del gobierno. Incluso un número bien alto de estos no pueden solicitarla debido su situación migratoria.

No pocos activistas sostienen que estas reglas desaconsejen a muchos inmigrantes a pedir ayuda, lo cual traería aparejado un drama humanitario sin precedentes: “personas enfermas o necesitadas que se nieguen a solicitar ayuda para poder optar por la residencia”, argumentó Dan Lemark, promotor sanitario en la Florida.

Él, como muchos otros considera que se han dado demasiadas prerrogativas  las autoridades para decidir que alguien no puede residir en EE.UU. si esa persona tiene posibilidades de solicitar ayuda en el futuro cercano.

Sin dudas la nueva categorización de “carga pública” imposibilitará que “un mayor número de estadounidenses tenga la oportunidad de vivir en territorio de Estados Unidos con sus esposos, hijos y padres”, aseguró Ur Jaddou, antiguo consejero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y quien actualmente rectorea el DHS Watch, una agencia de protección y asistencia al inmigrante.

“No son cambios menores. Son cambios grandes, con enormes consecuencias no solo para los inmigrantes sino también para los ciudadanos estadounidenses”.

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