Quedan indocumentados y sin permiso de trabajo. La medida, avalada por la Corte Suprema, deja a más de medio millón de personas en un limbo legal y bajo amenaza de deportación inmediata.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este viernes al gobierno de Donald Trump revocar el estatus legal temporal otorgado a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes vivían y trabajaban legalmente en el país gracias al programa de parole humanitario instaurado durante la presidencia de Joe Biden.

El fallo, que se produce en medio de un proceso judicial aún en curso, deja sin protección inmediata a estos beneficiarios y sienta un precedente que podría acelerar deportaciones masivas en las próximas semanas.

Además, anula de facto los permisos de trabajo que tenían, dejándolos también sin sustento legal para ganarse la vida.

Decisión dividida y consecuencias devastadoras

Las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra de la decisión y alertaron sobre su impacto.

Jackson advirtió que esta revocación «trastoca precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros», y denunció que muchos de ellos ya están integrados a la sociedad estadounidense con patrocinadores legales, empleos, familias e hijos nacidos en el país.

Una política desmantelada desde el primer día

Desde que asumió el cargo el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con los programas de libertad condicional masiva. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó su cancelación.

Sin un estatus legal vigente, estos migrantes quedan sujetos a “expulsión acelerada”, un procedimiento exprés de deportación.

Un tribunal federal de Massachusetts había bloqueado temporalmente la decisión, al considerar que debía analizarse cada caso individualmente.

Sin embargo, el máximo tribunal levantó esa medida de forma provisional, dejando vía libre a la revocación mientras el proceso continúa en instancias inferiores.

Trump endurece el control migratorio

El programa de parole fue impulsado por Biden como una vía ordenada y segura para canalizar la migración.

Permitía la entrada legal por avión, tras verificación de antecedentes y con la obligación de contar con un patrocinador financiero dentro del país. En 2022 se aplicó para venezolanos y luego se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

La administración Trump ha calificado ese modelo como “irresponsable” y lo atribuye a un aumento descontrolado de personas sin estatus permanente dentro del país. Según sus abogados, el parole humanitario no ofrecía soluciones duraderas y debía ser eliminado para restaurar el control migratorio.

Más de 900.000 personas en riesgo de deportación

Si se suman las medidas previas, como la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350.000 venezolanos, la cifra de migrantes afectados por estas decisiones supera los 900.000.

Organizaciones de derechos humanos advierten que se trata de una medida sin precedentes, que puede provocar una crisis humanitaria interna y severas fracturas familiares.

“Un inmenso sufrimiento innecesario”

En la demanda que sigue pendiente, los migrantes y sus patrocinadores denuncian que la cancelación del programa es ilegal y causará “una inmensa cantidad de sufrimiento humano innecesario”.

Si no se revierte, todos los beneficiarios quedarán indocumentados, sin derecho al trabajo y expuestos a deportaciones forzadas, incluso a países donde temen por su vida.

La Corte Suprema aún no ha emitido un fallo definitivo, pero la señal ya está dada: Trump tiene vía libre, por ahora, para desmantelar el parole humanitario.

La incertidumbre reina entre las familias migrantes afectadas, que habían apostado todo por una vía legal para rehacer sus vidas en Estados Unidos.