Si eras legal con Biden no puedes ser ilegal con Trump: Jueza cancela deportaciones aceleradas.
Miles de migrantes con permiso legal de entrada a Estados Unidos respiran aliviados tras una decisión judicial. El fallo frena una de las políticas más agresivas impulsadas por el nuevo mandato de Donald Trump.
El fallo, emitido por una jueza federal en Washington, podría beneficiar a más de dos millones de personas que llegaron al país con documentos válidos y siguiendo los canales establecidos por el propio Gobierno.
El tema ha generado enorme atención entre abogados, defensores de los derechos civiles y comunidades de migrantes, especialmente en estados como Florida. Donde residen decenas de miles de beneficiarios del programa de “parole” humanitario.
La medida judicial no solo detiene detenciones recientes, sino que protege a quienes ya estaban residiendo legalmente en el país. Muchos de ellos con empleos, familia o solicitudes pendientes ante tribunales de inmigración.
El caso ha abierto una disputa legal que va más allá del “parole”, y que podría redefinir los límites del poder presidencial en materia migratoria.
Lo que dictó la jueza federal
La jueza Jia Cobb suspendió la aplicación de tres directrices impulsadas por la administración de Trump que buscaban acelerar la expulsión de migrantes con “parole”.
Estas personas habían recibido autorización para entrar por los puertos oficiales de entrada. Pero comenzaron a ser detenidas incluso tras acudir a citas con la corte, sin previo aviso y muchas veces sin acceso a abogados.
Según escribió Cobb en su fallo, estos migrantes “actuaron conforme a las reglas”.
Destacó que el Gobierno no solo les cerró las vías legales, sino que también cambió las reglas a mitad del camino para quienes ya estaban dentro.
“La pregunta es si tendrán la oportunidad de defender su caso o serán deportados sumariamente de un país que se parece cada vez más al que intentaron dejar atrás”, advirtió.
A quiénes afecta esta decisión
El fallo beneficia directamente a personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que llegaron con autorización durante la administración Biden. Sobre todo, mediante el uso de la aplicación CBP One o bajo el programa de parole humanitario.
Se trata de mecanismos legales que fueron promovidos para ordenar el ingreso temporal de migrantes con base en razones humanitarias.
La decisión bloquea la implementación de políticas que trataban a estos migrantes como si hubieran entrado sin autorización, permitiendo su deportación mediante procedimientos sumarios conocidos como “expulsión acelerada”.
Por qué se considera ilegal
Cobb consideró que la política violaba el estatuto de deportación acelerada y era “arbitraria y caprichosa”, según las normas del derecho administrativo.
La orden judicial tendrá efecto mientras se resuelve la demanda, liderada por organizaciones como CASA, CHIRLA y UndocuBlack, que han defendido a miles de migrantes vulnerables en este proceso.
Los demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional no puede aplicar las reglas destinadas a entradas ilegales a personas que usaron canales legales y están documentadas. Además, denunciaron la falta de debido proceso en los arrestos y deportaciones iniciadas esta primavera.
Qué puede pasar ahora
Este es uno de los primeros grandes retos judiciales a la política migratoria del segundo mandato de Trump.
Llega tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Trump v. CASA, que limitó el alcance de los fallos federales a nivel nacional.
Por tanto, este caso también servirá para definir hasta dónde puede llegar un presidente en desmantelar decisiones previas sin pasar por el Congreso.
Por ahora, la suspensión representa un alivio temporal para miles que se encontraban en riesgo de ser deportados. Y ello, a pesar de haber ingresado legalmente y contar con permiso vigente.
La batalla legal continúa, pero la jueza ha dejado claro que no se puede criminalizar a quienes siguieron las reglas impuestas por el propio Estado.
