España acelera un decreto para suspender desahucios de personas vulnerables. Conoce qué cambiaría y cuándo podría aprobarse.
El Gobierno de España trabaja para aprobar en los próximos días un nuevo real decreto de vivienda que permitiría suspender los desahucios de personas vulnerables mientras no dispongan de una alternativa habitacional. La negociación se ha acelerado después del desalojo en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso.
El objetivo es llevar el texto al próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 29 de septiembre de 2026, aunque fuentes del Ejecutivo advierten de que la fecha todavía no está completamente cerrada. El decreto llevaba meses paralizado debido a las diferencias entre PSOE, Sumar y los partidos cuyos votos serían necesarios para convalidarlo posteriormente en el Congreso.
¿Qué cambiaría con el nuevo decreto de vivienda?
Actualmente, cuando un juzgado comunica el lanzamiento de un inquilino vulnerable, el procedimiento puede quedar suspendido durante un plazo limitado para que los servicios sociales busquen una solución. Sin embargo, si transcurre ese periodo sin que la Administración ofrezca otra vivienda, el desahucio puede reactivarse.
El borrador del Gobierno pretende eliminar ese límite en determinados casos. De este modo, el desalojo permanecería suspendido hasta que la persona vulnerable reciba una alternativa habitacional adecuada, siempre que cumpla los requisitos que finalmente establezca la norma.
Además, la propuesta contempla que la Administración competente asuma los gastos ocasionados por la prolongación de la suspensión. Así, no sería el pequeño propietario quien tuviera que soportar indefinidamente el coste mientras la comunidad autónoma o el ayuntamiento busca una solución.
El texto también podría incluir prórrogas para determinados contratos de alquiler, medidas para regular el mercado y rebajas fiscales destinadas a propietarios. No obstante, la redacción continúa negociándose y, por tanto, todavía pueden producirse cambios.
El desahucio de una anciana provoca una reacción política
La urgencia llega después del desahucio de Maricarmen, ejecutado el 23 de septiembre en Madrid. La mujer, con problemas de movilidad, fue sacada en camilla del piso donde había vivido durante 71 años y trasladada en ambulancia.
La empresa que adquirió el inmueble pretendía elevar el alquiler de unos 500 euros a 2.650 euros mensuales. Incluso una persona anónima se ofreció a cubrir la diferencia entre la pensión de Maricarmen y la nueva renta, pero la propiedad no aceptó mantenerla como inquilina.
El caso generó una fuerte indignación social y reabrió el debate sobre qué ocurre cuando una persona vulnerable pierde su vivienda sin que las administraciones hayan encontrado previamente una solución. El propio presidente Pedro Sánchez pidió apoyo parlamentario para sacar adelante una respuesta urgente.
¿El decreto ya protege a los inquilinos?
Por ahora, no. El decreto todavía no ha sido aprobado ni publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que sus medidas no pueden solicitarse todavía.
Si el Consejo de Ministros lo aprueba como real decreto ley, entraría en vigor en la fecha indicada en el BOE. Posteriormente, el Gobierno tendría que conseguir su convalidación en el Congreso en un plazo máximo de 30 días para evitar que decaiga.
Según las propuestas conocidas, algunas medidas podrían aplicarse también a procedimientos de desahucio que ya estén en curso. Sin embargo, habrá que esperar al texto definitivo para conocer los requisitos de vulnerabilidad, las excepciones para pequeños propietarios y la documentación que deberán aportar los afectados.
