En el Tribunal Provincial de La Habana, se llevó a cabo un juicio oral, público y ejemplarizante que resultó en severas sanciones para los implicados en la falsificación de documentos bancarios y comerciales en la Empresa Eléctrica de la capital.

 

Según un reporte del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana publicado en la página del gobierno capitalino, los acusados cometieron estos actos como medio para llevar a cabo un delito de cohecho continuado. El fallo del tribunal afectó tanto a funcionarios de la Empresa Eléctrica de La Habana como a clientes del sector residencial.

La investigación reciente en la entidad capitalina concluyó con la acusación de siete funcionarios de la empresa y 14 clientes residenciales del municipio de Plaza de la Revolución. Gracias a un control interno y la pericia de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior, se logró detener a los responsables.

Se descubrió que el administrador provincial del sistema automatizado integral de gestión comercial, empleado por la Unión Eléctrica para el control de la facturación a sus clientes, estaba implicado. Este individuo alteraba la base de datos del sistema, aprovechando los permisos otorgados por sus funciones.

El directivo falsificador reducía en factura el consumo eléctrico de ciertos clientes, lo que les permitía pagar mucho menos de lo que debían. Este fraude resultó en que la cantidad de kilowatts consumidos reportada en las facturas de los clientes involucrados era completamente falsa.

FRAUDE ELÉCTRICO EN LA HABANA

No obstante, la vulneración del Sistema Integrado de Gestión Comercial no era el único método para obtener ganancias ilícitas. De los 14 clientes llevados al proceso penal, no todos tenían modificaciones en el sistema de facturación. En algunos casos, había una acumulación de energía en los metro-contadores de sus viviendas; eran grandes consumidores de electricidad, pero sus consumos no se reportaban a la oficina comercial.

La cadena delictiva incluía al informático principal de la Empresa Eléctrica de La Habana, el administrador de la Oficina Comercial de Plaza de la Revolución, un inspector supervisor y lectores cobradores. Estos individuos recibían sumas elevadas de dinero, productos, equipos u otras dádivas de manera sistemática o mensualmente de sus clientes favorecidos, dependiendo del poder adquisitivo de estos usuarios.

Mediante la investigación se hallaron herramientas informáticas destinadas a la vulneración del sistema de comunicación de montos de pago, números de lecturas a modificar, fotos de los metro-contadores, acuerdos de pago, y cantidades de dinero, entre otros elementos.

Finalmente, el Tribunal Provincial de La Habana decidió sancionar a los acusados como autores directos de un delito de falsificación de documentos bancarios y comerciales, como medio para cometer un delito de cohecho continuado. Las sanciones variaron entre seis y ocho años de privación de libertad.

A los demás implicados, que también fueron testigos en el proceso, se les impusieron multas administrativas por el Órgano de Instrucción y la Empresa Eléctrica Provincial.