Esta semana un juez federal bloqueó las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos para las peticiones de asilo en frontera, tras el fin del Título 42. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha respondido sobre este fallo. 

Recordemos que este 25 de julio el magistrado Jon S. Tigar del Distrito Norte de California falló a favor de una demanda de grupos civiles que denunciaba la política fronteriza de Biden por suponer “una violación de las leyes de asilo de EE. UU. y poner en grave peligro a los solicitantes”. 

El gobierno, no obstante, piensa “pelear” en contra de la decisión adoptada, incluso si ello significa “llegar a la Corte Suprema”. Aseguran que el fallo no quiere decir que la frontera está abierta. 

En esta línea, el Secretario Mayorkas ha emitido una declaración donde evidencia su “total desacuerdo con el veredicto del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California”. 

“Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo de hoy y estamos seguros de que la regla de Elusión de Vías Legales es legal”, señala en el comunicado difundido.

Igualmente, aclaró que “la decisión de hoy no cambia nada inmediatamente y no limita nuestra capacidad de imponer castigos a las entradas ilegales”. 

ASILO EN FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS

“No crean las mentiras de los traficantes de personas. Se presumirá que aquellos que no usen una de las muchas vías legales que hemos creado, no son elegibles para el asilo y, si no tienen una base para permanecer, estarán sujetos a una expulsión inmediata”, advirtió. 

Asimismo, recuerda que hay una prohibición mínima de cinco años para entrar a Estados Unidos y un posible proceso penal por el reingreso ilegal. 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos(USCIS, sigla en inglés) deja claro que aunque el Tribunal de Distrito aplazó temporalmente su decisión hasta las 12 a.m. (hora del Pacífico) del 9 de agosto, “el fallo judicial no cambia el procesamiento actual del miedo creíble”.

Desde mayo pasado, el gobierno estadounidense asume que las personas que entran irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera suroeste o las fronteras costeras adyacentes son inelegibles para asilo, a menos que puedan demostrar una excepción a la regla o impugnen la presunción.