Tras comparecer en la Mesa Redonda del pasado jueves, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha publicado en su sitio oficial las nuevas opciones de pago de la tarifa eléctrica para las formas de gestión no estatal (FGNE) y los servicios comunes de edificios múltiples en Cuba.

En la nota, explican que desde el 22 de enero, “las personas que ejerzan actividades productivas, creativas o de servicios en alguna forma de gestión no estatal desde la vivienda, podrán acudir a la oficina Comercial donde residen para contratar el servicio eléctrico por alguna de las tres opciones que tendrán para efectuar su pago”.

En esencia, los trabajadores privados que trabajen desde sus casas en Cuba dispondrán de tres variantes para contratar el servicio eléctrico:

• Pagar todo el consumo por la tarifa residencial aprobada.
• Pagar todo el consumo por la tarifa no residencial aprobada.
• Pagar el consumo por una tarifa nueva que es una combinación de las 2 anteriores.

Lo anterior aplica para trabajadores por cuenta propia, bases productivas agropecuarias, cooperativas no agropecuarias, colectivos de creadores y otras formas no estatales que se definan, que desempeñen su trabajo productivo o de creación en el mismo espacio donde residen.

¿De qué manera podrán pagar la corriente entonces los trabajadores privados en Cuba?

Según el Ministerio, quienes elijan la primera opción, se estarían acogiendo al pago de la tarifa residencial, o de todo el consumo de la vivienda, o sea, el del negocio más el consumo doméstico. Se pagaría entonces por la tarifa residencial vigente.

Por la segunda variante, los trabajadores privados se pueden acoger a la tarifa general de baja tensión no residencial. Esto quiere decir que se aplica a aquellos consumidores conectados a la baja tensión, que es una tarifa lineal y sin subsidio desde el Presupuesto del Estado.

La tercera opción contempla pagar una parte del consumo, los primeros 250 kWh, con el precio de la energía para ese tramo en la tarifa residencial y el resto del consumo por la tarifa general que se aplica a los consumidores conectados a la baja tensión (o segunda variante). Vendría siendo una opción mixta.

¡Importante! Los trabajadores privados que ejerzan su trabajo fuera del sector residencial en Cuba tendrán derecho únicamente a las dos primeras variantes.

Se especifica que, para hacer el contrato se requiere:

• No tener cuentas pendientes de pago del servicio eléctrico.
• Personarse en la Oficina Comercial de la Empresa Eléctrica de su territorio con los documentos siguientes: carné de identidad, documento que lo acredite como trabajador de alguna forma de gestión no estatal y una fotocopia para anexar al contrato, datos de la cuenta bancaria a la que se le debitará el monto de la facturación.

En el caso de los servicios comunes edificios multifamiliares, se explica en la página del Ministerio que la tarifa para el pago del servicio eléctrico será la de la tercera opción de pago que tendrán las formas de gestión no estatal que ejercen su actividad en el sector residencial.

O sea, pagar una parte del consumo, “los primeros 250 kWh, con el precio de la energía para ese tramo en la tarifa residencial y el resto del consumo por la tarifa general que se aplica a los consumidores conectados a la baja tensión”.

Se dio a conocer, además, que las oficinas comerciales de la Unión Eléctrica trabajarán en horarios extendidos los siete días de la semana, para que el proceso de recontratación se logre realizar antes de la presentación de la facturación del mes de febrero.

Si el proceso no se lograra culminar en enero, aclara el Minem,  se extendería la contratación hasta el 15 de febrero, “garantizando se realice cualquier ajuste que requiera la facturación de aquellos consumidores que no hayan sido recontratados en enero.”

A modo de advertencia, el Ministerio recordó en sus redes sociales que “ante la detección de un robo de electricidad, corresponde en primer lugar la aplicación del Decreto Ley 260, que establece la imposición de una multa de 500 CUP y el cobro de la energía no pagada en el período de hasta 12 meses previo a la detección del fraude.”