El acuerdo 287(g) de Doral con ICE fue aprobado tras advertencias de Florida a otros municipios, según explicó la alcaldesa Christi Fraga.
Fraga sostuvo que apoyó la medida “con mucha reserva”. Aseguró que la Policía municipal no ha realizado arrestos migratorios bajo el convenio, pese a las detenciones efectuadas por agentes federales en la ciudad.
¿Qué muestran los registros de la Policía de Doral?
En las capturas de un registro estatal aportadas por Fraga, la Policía de Doral aparece con cero encuentros migratorios reportados entre el 1 de agosto de 2025 y la actualización del 24 de septiembre de 2026.
La cifra corresponde únicamente a esa agencia municipal. No incluye las detenciones que ICE u otros agentes federales hayan realizado dentro de Doral.
Fraga afirmó que el municipio no envió oficiales a ejercer funciones migratorias bajo el programa 287(g). También dijo que sus agentes no salen a buscar personas por su estatus migratorio.
La decisión del Concejo y las advertencias de Florida
En abril de 2025, el Concejo de Doral autorizó por unanimidad un memorando de cooperación con ICE. La resolución facultó al administrador municipal para ejecutarlo. Fraga participó en la votación, pero precisó que no firmó personalmente el acuerdo.
La alcaldesa vinculó su voto con las actuaciones del gobierno estatal frente a municipios que rechazaban estos convenios. Citó el caso de Fort Myers: después de que su Concejo se negara a aprobar uno, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, le envió una carta el 18 de marzo de 2025.
Uthmeier sostuvo que esa decisión contravenía la ley estatal y advirtió de posibles acciones contra la ciudad y sus funcionarios. Fraga dijo que Doral tuvo en cuenta esas consecuencias al decidir.
El alcance de la obligación legal merece una distinción. El artículo 908.11 de Florida exige expresamente acuerdos 287(g) a los responsables de centros de detención de los condados; no establece esa misma exigencia para todas las policías municipales.
Reclamos tras las detenciones en la ciudad
Las operaciones federales en Doral han motivado pedidos de líderes políticos y activistas para que el Concejo retire el convenio. Familiares han denunciado arrestos de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes.
Fraga considera “demasiado agresivas” ciertas tácticas federales y afirmó que afectan a familias trabajadoras y a la economía local. Insistió en que el gobierno municipal no dirige las operaciones de ICE.
