El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este 29 de septiembre que el Gobierno continúe las deportaciones a terceros países mientras examina una impugnación contra el procedimiento.
Una suspensión mientras se decide el caso
La orden suspende una sentencia dictada el 25 de febrero de 2026 por un tribunal federal de Massachusetts. El juez Brian Murphy había frenado el procedimiento porque consideró insuficiente la oportunidad que recibían los migrantes para explicar los riesgos que podrían enfrentar en el país de destino.
El Departamento de Justicia pidió al Supremo que interviniera con urgencia. Al conceder la suspensión, los magistrados dejaron sin efecto por ahora el freno judicial, pero no resolvieron si las directrices del Gobierno son legales.
La resolución no está firmada ni indica el resultado de la votación. Sí recoge que las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a suspender la sentencia.
A quiénes afectan los traslados
Las deportaciones a terceros países consisten en enviar a una persona a un Estado distinto del suyo. El Gobierno afirma que utiliza esta vía con migrantes que tienen órdenes definitivas de expulsión cuando no puede devolverlos a su país de origen o este rechaza recibirlos.
La Administración sostiene que los países receptores ofrecen garantías para evitar la persecución y la tortura. Abogados y familiares de personas deportadas han denunciado riesgos para su seguridad, incluso en casos de migrantes sin antecedentes penales.
Bajo la política aplicada desde 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 países, principalmente en África y América Latina. Entre los destinos mencionados figuran Esuatini, Uganda y Liberia. Algunos deportados han relatado que desconocían el país al que viajaban incluso después de subir al avión.
Familiares y abogados también han descrito dificultades para conocer el paradero de los deportados y comunicarse con ellos. Otras denuncias se refieren a encierros tras la llegada, condiciones deficientes de higiene y alimentación, y malos tratos de policías locales. Se trata de testimonios y denuncias, no de conclusiones establecidas en la orden del Supremo.
La revisión judicial seguirá en diciembre
Los abogados del Gobierno afirmaron que el fallo ahora suspendido obligó a cancelar un vuelo de deportación con unas 70 personas. La decisión del Supremo permite retomar el procedimiento durante la revisión del caso, sin establecer todavía qué resultado tendrá esa revisión.
Los magistrados examinarán si el tribunal federal tenía jurisdicción para atender las reclamaciones y facultades para dictar una medida de alcance colectivo. También evaluarán la legalidad de las directrices sobre deportaciones a terceros países frente a las normas migratorias y las protecciones contra la tortura.
El Supremo ordenó preparar el caso para escuchar los argumentos orales en diciembre de 2026. La suspensión del fallo de Massachusetts permanecerá vigente hasta que el tribunal emita su sentencia.
