La Corte Suprema permitió al Gobierno de Donald Trump retomar las obras del muro fronterizo en Big Bend, Texas, mientras continúa la disputa judicial.
La decisión, del 9 de noviembre de 2026, suspende la orden que había paralizado la construcción. El Supremo consideró muy probable que el Gobierno ganara su argumento sobre la falta de competencia del tribunal inferior para examinar una de las reclamaciones.
Un permiso provisional para continuar las obras
El fallo no resuelve definitivamente el litigio. La suspensión permite avanzar mientras la Administración presenta su petición de revisión y el Supremo decide si examina el caso. Si rechaza admitirlo, la suspensión terminará automáticamente; si lo acepta, seguirá vigente hasta que remita su sentencia al tribunal inferior.
Los magistrados dieron prioridad a los intereses de seguridad fronteriza frente a los daños estéticos, recreativos y ambientales alegados. También valoraron el testimonio de un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, que calculó costos irrecuperables cercanos a medio millón de dólares diarios por la paralización. La jueza Ketanji Brown Jackson habría rechazado la solicitud del Gobierno.
La disputa por las exenciones ambientales
El proceso enfrenta al Departamento de Seguridad Nacional con Friends of the Ruidosa Church, el Center for Biological Diversity y un guía fluvial. Los demandantes cuestionan las exenciones legales que el Gobierno aprobó para facilitar la construcción del muro fronterizo en Big Bend.
Según el escrito presentado por la Administración, tres exenciones emitidas en 2026 permitían desarrollar barreras y caminos a lo largo de más de 300 millas. El sector Big Bend comprende cerca de una cuarta parte de la frontera entre Estados Unidos y México. Esa extensión corresponde al sector fronterizo, no exclusivamente al parque nacional.
La discusión gira alrededor de una ley de 1996 que autoriza la construcción de barreras y limita las impugnaciones judiciales de esas exenciones. En 2005, el Congreso amplió la facultad del secretario para dispensar requisitos legales cuando los considere un obstáculo para acelerar las obras.
El tribunal de distrito paralizó los trabajos el 2 de octubre y publicó sus fundamentos escritos el día 14. El Gobierno acudió directamente al Supremo porque la legislación aplicable excluye la revisión de esta decisión por el tribunal federal de apelaciones.
Barreras, caminos y vigilancia
El proyecto contempla barreras fronterizas, caminos para patrullas, iluminación y equipos de detección, con actuaciones previstas en terrenos del Parque Nacional Big Bend y del Parque Estatal Big Bend Ranch. Su costo estimado asciende a 1.700 millones de dólares. Las instalaciones combinan obstáculos físicos con infraestructura de vigilancia y acceso para los agentes fronterizos.
En agosto comenzaron trabajos con excavadoras en terrenos públicos de la zona, donde se encuentra el Cañón de Santa Elena. Posteriormente, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, anunció una pausa en las labores tras las objeciones de sectores locales.
