Los refugiados admitidos legalmente en Estados Unidos podrían ser detenidos si aún no han obtenido la residencia permanente. La medida, impulsada por la Administración de Donald Trump, marca un cambio en el control sobre inmigrantes que ya contaban con autorización para permanecer en el país.
La decisión figura en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional y ha generado preocupación entre abogados y organizaciones humanitarias. El cambio afecta a personas que llegaron como refugiadas y que, hasta ahora, no podían ser arrestadas solo por no completar ese trámite migratorio.
¿Qué cambia con la nueva orden?
Según el documento, los agentes de inmigración deberán detener a los refugiados que no hayan solicitado la residencia legal permanente después de cumplir un año en Estados Unidos.
Una vez bajo custodia, esas personas volverían a ser “inspeccionadas y examinadas para su admisión en Estados Unidos”, según el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
El texto no precisa cuánto tiempo podrían permanecer detenidas. Solo señala que el encierro durará “el tiempo razonable necesario” para revisar nuevamente cada caso.
Minnesota, en el foco de las medidas
La nueva directriz llega tras otra acción del Gobierno federal sobre la población refugiada. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la revisión de miles de expedientes en Minnesota y obligó a muchos refugiados a someterse a nuevas entrevistas y verificaciones de antecedentes.
En las semanas siguientes, al menos 100 refugiados fueron detenidos en ese estado y enviados a centros de detención en Texas. Así lo indicaron abogados, familiares y líderes religiosos.
Posteriormente, un juez federal ordenó detener esas acciones y liberar de inmediato a quienes habían sido retenidos para reexaminar su situación. Este jueves, otro juez evaluará si amplía esas protecciones temporales.
Menos admisiones y más restricciones
La medida forma parte de una estrategia más amplia para limitar la llegada de refugiados y endurecer las vías legales de entrada y permanencia.
En octubre, el Gobierno redujo el cupo de admisión de refugiados a 7.500 personas para este año fiscal. La cifra contrasta con el límite de 125.000 fijado por la Administración de Joe Biden el año anterior.
Además, las autoridades federales indicaron que priorizarán plazas para sudafricanos blancos, una decisión que ha generado críticas.
Un cambio frente a la política anterior
La nueva norma deja sin efecto un memorando de la era Obama. Ese criterio establecía que un refugiado no debía ser detenido ni deportado solo por no solicitar la residencia permanente dentro del primer año.
Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración defendió la medida y aseguró que la agencia está aplicando la ley migratoria que exige revisar a los refugiados tras su primer año en el país.
Sarah Pierce, exanalista de esa agencia y actual directora de política social del centro de estudios Third Way, cuestionó la interpretación: “El memorando casi parece indicar que creen que tienen la obligación de detener a refugiados que no tienen green card después de un año en Estados Unidos, lo cual es una interpretación exagerada, porque los refugiados ni siquiera pueden solicitarla hasta cumplir ese año”. Añadió: “Esta es otra política impulsada por cifras de deportación”.
Pierce también advirtió que la pausa en solicitudes migratorias de personas procedentes de países incluidos en la prohibición de viaje podría dificultar aún más el acceso a la residencia permanente.
Preocupación entre organizaciones
El Gobierno sostiene que la orden busca identificar a personas con antecedentes graves, detectar riesgos para la seguridad nacional y evitar fraudes en la obtención del estatus legal.
Sin embargo, las organizaciones de apoyo a refugiados condenaron la medida. Consideran que podría dejar sin protección a inmigrantes que ya habían sido evaluados antes de ingresar al país y que huyeron de persecución.
Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales en Estados Unidos del International Refugee Assistance Project, afirmó: “Este gobierno claramente no se detendrá ante nada para infundir miedo en las comunidades de refugiados, y en todos los inmigrantes, mientras vulnera nuestros derechos constitucionales”.
Los grupos migratorios creen que la directriz afectará sobre todo a los refugiados más recientes. Solo en el año fiscal 2024, más de 100.000 personas fueron admitidas en Estados Unidos bajo esta condición, según datos oficiales.