Escándalo en Miami: enviaron sus autos a Cuba y ahora deben pagar miles de dólares para rescatarlos en el puerto de Miami donde llevan meses retenidos.
Decenas de cubanos enfrentan una situación crítica en Miami, donde denuncian que han tenido que pagar hasta 6.000 dólares para recuperar vehículos de su propiedad que nunca fueron enviados a Cuba.
El caso, que ya está bajo investigación oficial, ha desatado indignación entre los afectados y pone en el foco posibles prácticas fraudulentas en el negocio de exportación.
Los hechos se concentran en el puerto del Río Miami, donde más de un centenar de vehículos permanece retenido desde hace meses. Los propietarios aseguran haber pagado previamente por el envío a la isla, pero se encontraron con cargos adicionales inesperados debido a tarifas de almacenaje que alcanzan los 120 dólares diarios.
El conflicto involucra a varias empresas, entre ellas OK’s Charter Services Inc., Lucero Services Corp y OK Import and Export Corp. Según las denuncias, una disputa financiera entre la compañía exportadora y la administración portuaria habría bloqueado la salida de los automóviles.
El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, confirmó que se abrió una investigación para determinar si hubo fraude, incumplimiento de contrato o violaciones a las regulaciones de exportación. Las autoridades no descartan la revocación de licencias comerciales.
Mientras tanto, los afectados denuncian que han sido obligados a pagar sumas elevadas para evitar perder sus vehículos en subastas públicas. Algunos testimonios indican pagos de hasta 5.500 dólares para liberar autos que ya habían sido costeados y enviados.
La situación refleja un problema mayor dentro de la comunidad cubana en el sur de Florida, donde el envío de vehículos a la isla representa una inversión significativa y, en muchos casos, un esfuerzo familiar acumulado durante años. La incertidumbre crece entre quienes aún no han logrado recuperar sus autos y temen perderlos definitivamente.
Este caso no solo evidencia fallas en la cadena logística y contractual, sino también la vulnerabilidad de los consumidores ante disputas empresariales que terminan trasladando el costo a los clientes. A medida que avanza la investigación, las familias afectadas continúan exigiendo respuestas y soluciones urgentes.
