Las reformas económicas de Cuba enfrentan cuestionamientos de militantes y comunicadores de izquierda, que reclaman participación popular y alertan sobre un avance del capitalismo.
Las objeciones surgieron tras el anuncio y la rápida aprobación de 176 medidas destinadas a liberalizar y descentralizar la economía. El Gobierno cubano presenta el paquete como “urgente y necesario” y rechaza que implique abandonar el socialismo.
La controversia también alcanza a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y antiguo guardaespaldas del expresidente Raúl Castro. Algunas voces critican su aparición como interlocutor cubano en contactos con Estados Unidos, pese a que no ocupa un cargo formal.
Críticos temen un cambio del modelo económico
El medio digital cubano Punto y Aparte sostiene que varias reformas “implican el retorno del país hacia un régimen capitalista puro y duro, y acentúan las desigualdades”.
Su editorial las considera además “un acto de rendición de la Revolución Cubana frente a los intereses de la nueva burguesía del país y del capital financiero internacional”. El colectivo pide revisar las medidas mediante una mayor intervención ciudadana.
El texto cuestiona a funcionarios y empresarios vinculados con la ejecución de los cambios. También llama a “no seguir en silencio cuando la patria necesita escuchar la voz de todos sus hijos”.
Las críticas no proceden de organizaciones opositoras ni de actores radicados fuera del país. Se han expresado en colectivos militantes, medios alternativos de izquierda y redes sociales durante las últimas semanas.
Militantes reclaman debate en las comunidades
Un informe interno de militantes del Partido Comunista de Cuba, consultado por EFE, también muestra reservas. El documento afirma que algunas medidas “rebasan ampliamente lo que históricamente se fijó como admisible”.
También sostiene que ciertas decisiones confrontan las representaciones tradicionales del socialismo entre la población cubana. Bajo el título “Impulsar el Socialismo desde el Poder Popular”, el informe solicita debates abiertos en las comunidades.
Alejandro Sánchez, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de La Habana, expresó una posición similar en redes sociales. Sánchez defendió un poder que no se ejerza “solamente desde arriba”.
El dirigente juvenil solicitó “mayor participación” y “control popular”. Estas demandas colocan el método de aprobación junto al contenido económico como otro foco de desacuerdo.
El papel del nieto de Raúl Castro
El segundo eje de las críticas apunta a Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Su actuación implícita como referente cubano en contactos con Estados Unidos ha levantado preguntas sobre su autoridad institucional.
Michel Torres, presentador del programa televisivo estatal “Con filo”, cuestionó ese papel en una columna publicada por el medio uruguayo Mate Amargo. Lo acusó de “usurpar las funciones del Gobierno” y asumir una responsabilidad pública para la cual no fue elegido.
Torres también habló de “frutos del nepotismo ‘sociolista’” y preguntó qué justifica su impunidad. Sus señalamientos reflejan un rechazo poco habitual desde espacios vinculados con la defensa pública del sistema político cubano.
En declaraciones a EFE, el periodista reconoció que existen posiciones “muy heterogéneas” dentro de la isla. Defendió que puedan manifestarse opiniones críticas o divergentes, pero sin afectar la unidad del oficialismo.
Unidad política, pero no acrítica
Torres afirmó que la unidad no debe ser “acrítica”, aunque sí “monolítica”. Según explicó, las discrepancias internas no pueden favorecer a quienes buscan el final de la Revolución.
El comunicador situó a los adversarios del proceso cubano en Miami y Washington, no dentro del Comité Central del Partido Comunista ni del Gobierno. Esa posición diferencia sus críticas de las formuladas por la oposición política.
El debate combina así dos reclamos concretos: someter las reformas económicas de Cuba a una discusión popular y aclarar quién representa al país en contactos externos. El paquete cuestionado comprende exactamente 176 medidas aprobadas para transformar y descentralizar la economía nacional.
