Las nuevas detenciones de ICE han devuelto a custodia a inmigrantes que obtuvieron órdenes judiciales de liberación, algunos apenas minutos después de salir.
Una investigación de The Guardian identificó al menos 20 casos durante el último año, a partir de expedientes, entrevistas y reportes periodísticos.
Los afectados habían ganado recursos de hábeas corpus ante tribunales federales de Estados Unidos. Ese procedimiento permite cuestionar la legalidad de una detención, pero las nuevas capturas han provocado disputas sobre el cumplimiento de las resoluciones.
Dos expedientes de cubanos muestran el alcance del conflicto
El cubano Jean Marcell Pérez García obtuvo una orden de liberación en Florida en junio de 2026. El tribunal consideró que las autoridades no habían demostrado una posibilidad real de deportarlo en un futuro razonablemente previsible.
ICE volvió a detenerlo el 2 de octubre. Pérez García llevaba más de 23 años en Estados Unidos y tenía una orden final de deportación y antecedentes penales.
Otro expediente contiene una restricción expresa para evitar una nueva captura sin justificación. El 27 de octubre, una jueza federal de Nevada ordenó liberar al cubano Yunior Roldán.
La resolución exigió que ICE demostrara un cambio de circunstancias que hiciera razonablemente previsible su expulsión antes de volver a detenerlo. También estableció garantías ante una posible deportación a un tercer país: notificación y oportunidad de alegar riesgos de persecución o tortura.
Arrestados antes de abandonar el edificio
En Minnesota, siete inmigrantes quedaron nuevamente detenidos antes de abandonar el edificio federal Bishop Henry Whipple, según casos documentados por Minnesota Public Radio. Algunos ya habían recibido sus pertenencias y firmado los documentos de liberación.
Milton Saltos Velasquez recibió instrucciones para prepararse para salir el 19 de octubre, pero los agentes lo arrestaron antes de alcanzar la salida. Después lo trasladaron hacia una cárcel del condado de Kandiyohi.
El juez federal Jeffrey Bryan cuestionó que una captura inmediata pudiera dejar sin efecto la protección del recurso judicial. En Luisiana, otro juez declaró en desacato a un alto funcionario migratorio por incumplimientos relacionados con Ibrahim Mohammed, detenido nuevamente en tres ocasiones.
La posición del Gobierno y las deportaciones a terceros países
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que una orden de liberación no impide permanentemente otro arresto migratorio. En declaraciones a Minnesota Public Radio, afirmó que los agentes deben respetar las condiciones de cada resolución.
Abogados consultados vinculan parte de estas actuaciones con las deportaciones a terceros países. Esos traslados pueden afectar a personas cuyos gobiernos rechazan recibirlas o que tienen protección frente al retorno a su país por riesgo de persecución o tortura.
