Los operativos de ICE en Doral están afectando ventas, empleos y rutinas familiares, según la alcaldesa Christi Fraga y comerciantes de la ciudad.
Negocios reportan fuertes caídas en sus ingresos
Fraga reconoció que existe temor entre residentes de esta ciudad del condado de Miami-Dade. La funcionaria explicó que el impacto comercial varía entre establecimientos, pero algunos muestran una reducción visible de clientes.
“No es ningún secreto y no es ninguna mentira que en este momento hay muchas personas con mucho temor en el Doral”, declaró durante una entrevista publicada el 14 de septiembre.
La propietaria del restaurante Pipo Burgers, Katia Rios, situó la caída de sus ventas en un 70%. Miguel Ángel Flores, dueño de un puesto ambulante de comida, reportó una disminución similar.
Una escuela de karate también perdió aproximadamente la mitad de sus matrículas en tres semanas. Estas cifras corresponden a establecimientos específicos y no representan una medición general de la economía municipal.
El efecto alcanza además a la fuerza laboral. Varios negocios registraron renuncias de empleados con permisos de trabajo y procesos migratorios pendientes.
Algunos trabajadores decidieron abandonar sus puestos para evitar encuentros con agentes federales. El miedo también reduce la presencia de clientes en restaurantes y otros comercios.
Familias cambian sus rutinas por temor a detenciones
Los operativos de ICE en Doral también han modificado la asistencia escolar y el transporte de menores. Algunas familias mantienen a sus hijos en clases virtuales, mientras otras recurren a conductores particulares.
La venezolana Lisbeth Lovo explicó que transporta diariamente a unos seis niños porque sus padres temen conducir. La situación afecta especialmente a la amplia comunidad inmigrante asentada en la ciudad.
Doral tiene alrededor de 27,000 residentes de origen venezolano dentro de una población aproximada de 76,490 habitantes. También viven allí numerosos cubanos y migrantes de otros países latinoamericanos.
Fraga cuestionó las deportaciones de personas que solicitaron asilo o recibieron protección temporal tras escapar de Cuba, Haití y otros países. También reconoció que existen fraudes y abusos dentro del sistema migratorio.
La alcaldesa defendió el derecho de Estados Unidos a proteger sus fronteras y actuar contra personas peligrosas. Sin embargo, expresó dudas sobre casos de migrantes sin antecedentes criminales o con trámites pendientes.
El gobierno municipal tiene facultades limitadas
Fraga señaló que la ciudad no puede impedir las operaciones de las autoridades federales. El gobierno local tampoco recibe avisos previos sobre las acciones migratorias.
La alcaldesa aseguró que Doral no entrega a ICE información de sus residentes. Añadió que la policía municipal no dirige ni participa en las redadas.
El concejal Rafael Piñeyro pidió que los inmigrantes puedan completar sus procesos antes de cualquier deportación. “Déjenlos terminar su proceso migratorio”, reclamó en cartas enviadas a legisladores federales del sur de Florida.
El Concejo de Doral aprobó en enero de 2026 un acuerdo 287(g) con ICE bajo el modelo Task Force, que autoriza determinadas formas de colaboración migratoria.
