El Gobierno de Donald Trump pidió el 24 de septiembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar las deportaciones a terceros países bajo las reglas impugnadas en un litigio federal.
La petición tras el fallo de apelaciones
La solicitud de emergencia llegó después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dejara sin efecto una suspensión judicial el miércoles 23 de septiembre. Esa suspensión había permitido aplicar la política mientras avanzaba el caso.
El fiscal general, Todd Blanche, anunció que el Departamento de Justicia acudiría a la Corte Suprema. Horas después, confirmó la presentación de la petición. El Gobierno busca que el alto tribunal suspenda los efectos del fallo mientras continúa el litigio.
La administración sostiene que las condiciones exigidas por los tribunales dificultan las expulsiones. También afirma que han provocado problemas logísticos, entre ellos vuelos cancelados. La petición no significa que la Corte Suprema haya aceptado cambiar esas condiciones.
El aviso previo a un destino distinto
El caso se refiere a personas con una orden de deportación a quienes Estados Unidos pretende enviar a un país distinto del previsto anteriormente en su procedimiento migratorio. No trata de prohibir todas las expulsiones.
Los tribunales inferiores determinaron que esas personas deben recibir un aviso suficiente sobre el nuevo destino. Además, deben tener una oportunidad efectiva de plantear si allí corren riesgo de persecución o tortura.
La disputa, por tanto, se centra en las garantías previas al traslado. Para el Gobierno, los requisitos impuestos entorpecen la ejecución de las órdenes. Para los migrantes afectados, el aviso les permite exponer sus temores antes de salir de Estados Unidos.
Posible alcance para migrantes cubanos
La decisión que tome la Corte Suprema puede importar a un cubano si las autoridades buscan deportarlo a un tercer país. Su situación dependería de la orden migratoria y del destino que propongan las autoridades.
La solicitud del Gobierno intenta recuperar la posibilidad de efectuar esos traslados bajo las reglas que defiende mientras sigue el proceso judicial. Lo que está en discusión es si la persona debe conocer el país de destino con tiempo suficiente para alegar un posible riesgo antes de ser enviada allí.
