USCIS revisa expedientes de ciudadanía por posibles fraudes y trabaja con el Departamento de Justicia para solicitar la desnaturalización en Estados Unidos cuando corresponda.
La revisión se dirige a personas que pudieron ocultar datos relevantes o hacer declaraciones falsas durante su proceso de naturalización. El director de USCIS, Joseph B. Edlow, confirmó la colaboración con el Departamento de Justicia para identificar posibles casos.
¿Qué muestran las demandas presentadas?
El 3 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia informó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025. De ellas, 25 se presentaron entre el 20 de julio y el 3 de agosto, según el balance oficial.
Esas cifras cuentan demandas, no ciudadanos que ya hayan perdido la nacionalidad. Los expedientes incluyen acusaciones relacionadas con delitos ocultados, identidades distintas y declaraciones falsas en trámites migratorios.
Una identidad distinta tras una orden de deportación
Un caso presentado en Kansas el 7 de agosto ilustra el tipo de expediente que examina el gobierno. Según la demanda, un hombre recibió una orden de deportación bajo un nombre y después solicitó beneficios migratorios con otra identidad.
El Departamento de Justicia sostiene que también cambió datos como su fecha de nacimiento y su fecha de entrada a Estados Unidos. Años después obtuvo la residencia permanente y se naturalizó sin revelar, según los fiscales, su historial migratorio anterior. Se trata de alegaciones que deberá valorar el tribunal.
La ciudadanía no se pierde por una revisión
La ley permite pedir la desnaturalización si una persona obtuvo la ciudadanía ilegalmente, ocultó un hecho importante o hizo una declaración falsa de manera deliberada. Para revocarla mediante una acción civil, el gobierno debe presentar el caso ante un tribunal federal y obtener una decisión judicial.
Por eso, una revisión de USCIS no retira la ciudadanía por sí sola. Tampoco equivale a una revocación la presentación de una demanda: el juez debe resolver las alegaciones del gobierno.
