Una demanda contra ICE busca recuperar el acceso a la ubicación de miles de detenidos con órdenes finales de deportación en Estados Unidos.
Cuatro organizaciones de asistencia jurídica presentaron la acción el 28 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts. Sostienen que la restricción les impide encontrar a sus clientes, comunicarse con ellos y ofrecerles representación legal.
Las demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights.
La restricción alcanza al buscador y las consultas directas
La demanda contra ICE cuestiona la llamada «ODLS Final Order Policy», aplicada, según las organizaciones, alrededor del 15 de septiembre. Esta excluye del localizador público la ubicación de personas con órdenes administrativamente firmes de deportación.
Los demandantes sostienen que el cambio también bloquea las respuestas a familiares y abogados que preguntan directamente por un detenido. El sistema había permitido consultar ubicaciones durante más de 16 años.
Según las cifras recogidas en la demanda, en julio había un promedio diario de 66.904 personas bajo custodia migratoria. Aproximadamente 21.700 tenían órdenes finales de deportación, cerca del 32% del total.
Las excepciones señaladas incluyen Adelanto, California, e instalaciones temporales de Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago. Allí existen órdenes judiciales previas que obligan a mantener visibles las ubicaciones.
Un expediente cubano entre los casos citados
La demanda cita el expediente de Noslén Sendra, un cubano detenido en Krome North, Miami. Incluye una resolución judicial que advierte sobre obstáculos para determinar la jurisdicción y para que familiares y abogados encuentren a los detenidos.
Las organizaciones también denuncian dificultades con las alternativas al buscador: largas esperas y llamadas interrumpidas en oficinas de campo. Añaden que la línea de información funciona de lunes a viernes y sus operadores consultan el mismo sistema que omite las ubicaciones.
¿Qué piden al tribunal?
Las entidades solicitan anular la política y anunciaron que pedirían suspenderla mientras avanza el litigio. Alegan violaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Primera Enmienda y la Ley de Libertad de Información.
Cuestionan la falta de una explicación razonada para el cambio, las barreras a la comunicación y la falta de publicación de la directiva. Son alegaciones de las demandantes, no conclusiones judiciales.
Las organizaciones argumentan que una orden final de deportación no elimina todas las vías legales para impugnar la detención o la expulsión. Por eso consideran esencial poder localizar a los afectados antes de que sean deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió que los detenidos disponen de varias formas de comunicarse con familiares y abogados. También defendió la expulsión de quienes tienen órdenes finales de deportación.
