La petición federal de apartar votos en Washington enfrenta objeciones del estado, que afirma haber encontrado ciudadanos estadounidenses entre los 405 electores señalados.
El Departamento de Justicia solicitó separar las papeletas que pudieran emitir esas personas hasta comprobar su ciudadanía. Los fiscales dieron un plazo de 48 horas, con vencimiento este 28 de octubre, antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Pero el secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, respondió este miércoles que una revisión preliminar detectó ciudadanos estadounidenses en la lista. Por ello, rechazó su fiabilidad como fundamento para detener el procesamiento de papeletas.
El estado exige pruebas individuales
En su respuesta a la carta federal del 26 de octubre, Hobbs pidió pruebas específicas sobre la supuesta falta de elegibilidad de cada elector. Sostuvo que impedir el procesamiento de un voto sin esa evidencia sería irresponsable e ilegal.
El funcionario aseguró que su oficina está dispuesta a revisar pruebas directas y aplicar los procedimientos previstos por las leyes federales y estatales. Sin embargo, rechazó que la ausencia de un nombre en la base federal SAVE baste para determinar que alguien no tiene ciudadanía.
La oficina estatal también había detectado registros antiguos entre los nombres cuestionados, incluido uno cuya última participación electoral figuraba en 1994.
¿Qué alegan los fiscales federales?
Neil Floyd y Pete Serrano sostienen que los datos federales identificaron a personas aparentemente inscritas sin tener ciudadanía estadounidense. Según su planteamiento, algunas serían residentes permanentes legales, una condición que no equivale a la ciudadanía.
Los fiscales estiman que las personas señaladas emitieron más de 1500 votos en distintas elecciones. Esa cifra constituye una alegación de las autoridades, no una determinación judicial de que esos sufragios fueran ilegales.
Hobbs recordó que Washington limita el voto a ciudadanos estadounidenses y dispone de procedimientos para impugnar inscripciones con pruebas. Además, los electores deben volver a declarar su ciudadanía, bajo pena de perjurio, cada vez que firman el sobre de devolución de su papeleta.
