La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió al Congreso restablecer el TPS para Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua durante la actual sesión legislativa.
La solicitud figura en una carta fechada el 10 de noviembre de 2026 y dirigida a los líderes de ambas cámaras. También la recibieron la delegación congresional de Florida y otros legisladores.
Se trata de una petición política, no de una restitución de las protecciones migratorias. Cuba no figura entre los cuatro países mencionados expresamente en el reclamo.
Protección del empleo mientras el Congreso debate
Levine Cava propone que el Congreso recupere por ley las designaciones canceladas mientras persistan condiciones peligrosas en los países de origen.
Además, solicita mantener el estatus legal y la autorización de empleo de quienes tienen TPS o estuvieron acogidos recientemente al programa. Su objetivo es evitar que pierdan sus ingresos mientras los legisladores discuten una solución.
El tercer punto reclama recuperar la revisión judicial de las cancelaciones y reforzar la supervisión del Congreso sobre esas decisiones.
Un proyecto para revisar las cancelaciones
La carta menciona la TPS Review Act, una iniciativa de la congresista Debbie Wasserman Schultz. Su oficina anunció la presentación del proyecto el 23 de julio de 2026, con 58 copatrocinadores originales.
La propuesta busca restablecer la intervención de los tribunales y del Congreso en las decisiones del Ejecutivo sobre el programa.
El texto legislativo exige que las cancelaciones se fundamenten en un expediente administrativo. También establece que incluyan conclusiones escritas sobre los hechos y los fundamentos jurídicos de la decisión. Esas exigencias forman parte del proyecto, no de una nueva protección ya concedida.
Familias y trabajadores de Miami-Dade
Levine Cava fundamentó su petición en las consecuencias que atribuye a la pérdida del TPS para las comunidades del condado.
Entre los afectados mencionó a enfermeros, asistentes de salud a domicilio, trabajadores de la construcción, cocineros y pequeños empresarios. También incluyó a personas que participan en la recuperación tras huracanes.
La alcaldesa señaló que algunos beneficiarios tienen hijos ciudadanos estadounidenses matriculados en escuelas locales. Sostuvo que muchos han pagado impuestos, superado verificaciones de antecedentes y renovado su registro cuando el Gobierno lo exigió.
A su juicio, retirar esas protecciones puede separar familias y perjudicar el empleo, la vivienda y la economía local. Presentó la solicitud como una cuestión humanitaria y comunitaria.
Sobre las posibilidades de retorno, describió a Haití como un país afectado por la violencia de pandillas y una crisis humanitaria. También sostuvo que Venezuela, Honduras y Nicaragua mantienen condiciones de inestabilidad y peligro que dificultan un regreso seguro.
