Una jueza federal limitó los arrestos de ICE sin orden judicial en siete condados de California y exigió evaluar individualmente el riesgo de fuga.
La orden preliminar beneficia a migrantes de cualquier nacionalidad, incluidos cubanos que residan o trabajen en las zonas comprendidas por el fallo.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong firmó la medida el 2 de septiembre de 2026 en el caso Vasquez Perdomo v. Mullin. La decisión fue anunciada públicamente el 16 de septiembre.
Los siete condados incluidos en la orden
La resolución se aplica en Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
Los agentes no podrán realizar arrestos civiles basándose solo en la presunta situación migratoria irregular de una persona. Deberán establecer también que podría escapar antes de obtener una orden.
La medida no paraliza todos los arrestos migratorios. Su objetivo es impedir detenciones sin orden cuando ICE carezca de una evaluación individual y documentada sobre el posible riesgo de fuga.
ICE deberá documentar cada evaluación
Los oficiales tendrán que dejar constancia escrita de los motivos que justifican el arresto. Tampoco podrán presumir automáticamente que una persona intentará huir debido a su estatus migratorio.
El tribunal examinó 113 registros de arrestos presentados por el gobierno. Cerca del 80% carecía de una evaluación específica sobre el riesgo de fuga o contenía explicaciones generales.
Entre los casos revisados figuró el de un inmigrante descrito como alguien que estaba huyendo. Una grabación mostró que caminaba y usaba su teléfono cuando un agente lo abordó.
La jueza rechazó además el argumento de que los agentes podían evaluar ese riesgo sin documentarlo. Consideró que el expediente no ofrecía pruebas de que tales análisis hubieran ocurrido.
El caso tendrá alcance colectivo
El tribunal certificó una acción colectiva para personas arrestadas desde el 6 de junio de 2025 sin orden y sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
La demanda comenzó en julio de 2025, presentada por cinco trabajadores latinos y varias organizaciones laborales y de defensa de inmigrantes. El litigio siguió a operativos realizados en zonas agrícolas de Oxnard y Coachella.
La decisión es una medida preliminar mientras continúa el proceso judicial. Su aplicación territorial queda restringida a los siete condados señalados por el Tribunal de Distrito Central de California.
