Las sanciones que acaba de imponer Donald Trump contra Cuba ponen en una posición incómoda a las empresas españolas con presencia en la isla. Muchas ya evalúan si tiene sentido quedarse y, si se quedan, cómo reducir su exposición al riesgo.
La extraterritorialidad como factor decisivo
La nueva orden ejecutiva endurece el marco regulatorio y convierte en zona de riesgo casi cualquier vínculo con sectores clave de la economía cubana: energía, minería y el entramado militar-empresarial. Según explicó a Artículo14 Fátima Rodríguez, socia responsable del área penal de Lupicinio International Law Firm, esa combinación de extraterritorialidad y ambigüedad normativa puede dejar en el aire contratos e inversiones que funcionaban sin problema desde hacía años.
Tres perfiles de empresa, tres respuestas distintas
Rodríguez lidera el equipo de sanciones internacionales de una de las firmas con mayor experiencia en Cuba. Identificó tres grupos entre las empresas españolas.
Las que tienen poca exposición o llegaron hace poco están en modo repliegue: congelan nuevas inversiones, reducen operaciones y preparan escenarios de salida si el riesgo sigue subiendo.
Para las que llevan décadas en la isla, la lógica es otra. Más que irse, buscan cómo seguir de otra forma: reduciendo presencia en sectores sensibles, compartiendo riesgo con socios locales o de terceros países, o centrándose en actividades cubiertas por excepciones humanitarias.
Las conversaciones internas, según Rodríguez, ya no giran sobre si quedarse o no. Ahora la pregunta es en qué condiciones tiene sentido seguir. A eso se suma otro cálculo: si los intereses en Estados Unidos pesan más, algunas empresas preferirán abandonar Cuba para no comprometer su posición en el mercado norteamericano.
El efecto dominó que preocupa al sector hotelero
El impacto más directo de las sanciones se concentra en los grandes sectores de la economía cubana: energía, conglomerados militares, minería, transporte, banca y servicios financieros. Pero las ramificaciones de esos conglomerados arrastran a otros sectores, como el hotelero, donde la inversión española es especialmente relevante.
Rodríguez advirtió que estrangular el acceso a combustible, financiación e insumos tecnológicos no solo daña esos sectores. También resiente toda la actividad que depende de ellos: el comercio minorista, la cadena de frío alimentaria, los hospitales, las escuelas. Bancos que antes operaban con ciertas excepciones empiezan a cerrar la puerta por temor a incumplir la orden ejecutiva.
Compliance reforzado y miedo a ser clasificado como cliente de riesgo
El temor ya no se limita a una multa. Las empresas temen que bancos y proveedores globales las clasifiquen internamente como clientes de alto riesgo por su vínculo con Cuba. Eso puede traducirse en cierre de cuentas, cancelación de pólizas, restricción de crédito y un escrutinio más intenso sobre cualquier operación, por muy lícita que sea.
Las empresas están implementando políticas específicas para Cuba: mapas de riesgo por sectores, procesos de aprobación reforzados y sistemas de cribado que bloquean automáticamente operaciones con entidades cercanas al entramado sancionado. También se suman auditorías más profundas y periódicas.
Rodríguez recordó que las compañías europeas tienen instrumentos de protección, como el Estatuto de bloqueo de la Unión Europea, que permite dejar sin efecto normas de terceros países. No son soluciones definitivas, dijo, pero demuestran que las empresas no están completamente indefensas frente a decisiones unilaterales de Washington.
