Miami-Dade le revoca la licencia comercial a Vanguard Energy tras las sanciones de Rubio contra CUPET

Miami-Dade le revoca la licencia comercial a Vanguard Energy tras las sanciones de Rubio contra CUPET

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La empresa Vanguard Energy perdió hoy su licencia comercial en Miami-Dade.

El condado tomó la decisión el mismo día en que el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones federales contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la petrolera estatal cubana con la que Vanguard había firmado un contrato para almacenar y distribuir combustible en la isla.

La revocación fue confirmada por el Tax Collector de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien declaró que «Miami-Dade no será un refugio seguro para empresas que hagan negocios con el régimen cubano».

¿Qué acuerdo había firmado Vanguard Energy con Cuba?

Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, firmó en mayo un contrato para arrendar instalaciones de almacenamiento de CUPET en Cuba. El objetivo era enviar más de 250,000 barriles de diésel y gasolina cada mes o 40 días, destinados al sector privado cubano, embajadas y organizaciones humanitarias.

Según Matthew Klann, presidente de la compañía, se trataba del «cambio comercial más significativo en el sector de los combustibles de Cuba en décadas». La empresa ya vendía combustible a negocios privados cubanos desde febrero de 2026, cuando la administración Trump autorizó exportaciones de petróleo para actividades del sector privado sin necesidad de licencia específica.

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Sin embargo, lo hacía mediante contenedores pequeños de 6,900 galones que debían llenarse, enviarse y devolverse. El contrato con CUPET buscaba resolver esa ineficiencia usando tanques de almacenamiento en suelo cubano y buques petroleros de mayor capacidad.

El Departamento de Estado negó haber autorizado la operación

Antes de la revocación de la licencia, el Departamento de Estado ya había desmentido que Vanguard tuviera autorización para el acuerdo con CUPET. «Vanguard Energy no ha recibido ninguna autorización estadounidense para esta operación. Las sanciones impuestas por la administración Trump permanecen en vigor salvo que exista una instrucción específica o una licencia que disponga lo contrario», informó la portavocía del Departamento de Estado.

La empresa había asegurado que el combustible no se transferiría al gobierno cubano. Matthew Aho, abogado del bufete Akerman que ayudó a negociar el contrato, explicó a CBS Miami que Vanguard mantendría la titularidad del combustible en los tanques y elegiría a sus clientes sin interferencia cubana.

Rubio sanciona a CUPET bajo la orden ejecutiva 14404

Horas después del desmentido, Rubio fue más lejos. Anunció sanciones directas contra CUPET bajo la orden ejecutiva 14404 del presidente Trump. En su declaración, acusó a las élites comunistas cubanas de usar la energía como «herramienta de control social y beneficio cleptocrático».

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«Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, usándolo para el jet privado de los Castro, para las fuerzas de seguridad que reprimen al pueblo cubano, para mantener iluminados hoteles turísticos vacíos y para llevar gente en autobuses a protestas falsas», dijo Rubio. Añadió que el pueblo cubano «ha sufrido apagones y esperado semanas para llenar sus autos».

¿Qué significa para el combustible que ya llegaba a Cuba?

Vanguard Energy llevaba meses enviando combustible al sector privado cubano mediante el mecanismo de contenedores. Esa operación se amparaba en la autorización general de febrero de 2026 que no requería licencia específica. La pregunta ahora es si las sanciones contra CUPET y la revocación de la licencia comercial frenan también esos envíos menores, o solo el contrato de almacenamiento en tanques cubanos.

El condado Miami-Dade actuó con rapidez. La revocación de la licencia comercial local no impide que Vanguard opere en otros condados o estados, pero sí elimina su base legal para operar desde Coral Gables, donde tiene su sede. La decisión del Tax Collector de Miami-Dade se produjo el mismo día que las sanciones federales, en una acción coordinada entre el gobierno local y Washington.


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